El PP de Madrid ignora el informe del equipo jurídico de la Asamblea y aprueba una ley para evitar que la antigua Dirección General de Seguridad franquista sea reconocida como un espacio de memoria
Los letrados de la Asamblea rechazan la treta legal del PP de Ayuso contra la memoria histórica en la sede de su Gobierno
Isabel Díaz Ayuso continúa blindando la sede de su Gobierno para evitar que sea un lugar de Memoria Democrática. La mayoría absoluta de los populares en la Asamblea regional ha permitido que se apruebe una ley con la que quieren evitar que se produzca ese reconocimiento antigua en la ubicación de la Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, tal y como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esta norma ha salido adelante este viernes, a pesar de contar con el rechazo del equipo jurídico del parlamento autonómico, tal y como adelantó elDiario.es. Los letrados de la Asamblea sostienen que la enmienda con la que el PP ha incluido esa propuesta en una ley ómnibus debería haber sido inadmitida por defectos de forma. En el informe emitido detallan que este texto no tiene relación con el contenido de la ley en la que se ha incluido. Además, recuerdan que esta redacción puede llegar inconstitucional.
El diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas ha recordado el fallo de los letrados en su intervención en el pleno y se ha referido a la enmienda que incluye el blindaje de la sede autonómica como “inconstitucional” e “ilegítima”. Por su parte, la socialista Teresa Jiménez Liébana ha cuestionado el posicionamiento del PP, a pesar del informe jurídico: “¿Es esta su defensa de la Constitución? ¿Es esta su defensa de la democracia?”.
Los populares se han defendido asegurando que “todo es plenamente reglamentario, legal y legítimo”, según el diputado Jose Virgilio Menéndez Medrano. Sin embargo, desde Más Madrid ya anuncian que van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La norma ratificada gracias a la mayoría absoluta del PP propone que cualquier placa o distintivo que se le coloque en la Real Casa de Correos tiene que contar con la autorización del Consejo de Gobierno. Lo mismo sucederá con cualquier evento que se quiera realizar, también tendrá que contar con “la conformidad” del Gobierno autonómico.
“No se podrá autorizar la celebración de eventos ni actuaciones que puedan perjudicar o resultar incompatibles con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que puedan generar confusión sobre la Real Casa Correos como sede de la Presidencia”, recoge el articulado de la norma.
El diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas ha defendido en el debate de la ley que el texto propuesto por los populares “introduce medidas de corte autoritario, como la supresión del Consejo de la Juventud o el blindaje contra la memoria histórica del edificio de la DGS”. En su discurso, ha asegurado que desde el Gobierno de Ayuso “añoran el tiempo de silencio en el que medraron los fundadores” del PP. Y ha insistido: “No van a poder silenciar la memoria de quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados en la DGS durante la dictadura”.
Los socialistas sostienen que con esta propuesta el Gobierno de Ayuso busca incumplir la Ley de Memoria Democrática. Por ello, Jiménez Liébana ha defendido que el PP “no puede negar” que “la Real Casa de Correos acogió a la extinta DGS” ni que fue “un símbolo de la represión franquista”.
Aferrado al argumentario del PP, su portavoz Menéndez Medrano ha asegurado que el debate de esta ley este viernes en la Asamblea es “el primer acto de conmemoración de la muerte de Franco”. Y ha cargado contra los grupos progresistas: “Su muerte, en la cama. Valiente izquierda, que murió en la cama”.
