El fiscal supremo provisional Alcides Chinchay solicitó al Poder Judicial prolongar por 18 meses la prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, proceso penal cuyo inicio de juicio está pendiente a ser programado.
La medida fue impuesta el 20 de junio de 2023 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que revocó la comparecencia con restricciones que se le impuso a la excongresista en un inicio. El plazo de la prisión preventiva vencía el último jueves 19. No obstante, el miércoles 18, el Ministerio Público requirió la prolongación.
El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó la audiencia en la que se evaluará el pedido para el 26 de diciembre a las 12:30 p. m. En tanto, la defensa de la exjefa del gabinete solicita su inmediata libertad pues consideran que mantenerla recluida más allá del plazo es arbitrario y una afectación grave a sus derechos fundamentales.
La Fiscalía pide la prolongación de la prisión preventiva por dos motivos. El primero es el tiempo que llevará desarrollar el juzgamiento tanto a Chávez como a sus coacusados Pedro Castillo, Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez y los tres efectivos de la Policía Nacional del Perú involucrados.
Se argumenta que en el plazo requerido de 18 meses adicionales se llevaría a cabo el juicio oral en primera instancia a cargo de la Sala Suprema Penal Especial, incluso, estima la Fiscalía, podría abarcar el proceso de apelación. Aunque se desliza que, debido a la cantidad considerable de medios que se deberán actuar en el juzgamiento y el número de procesados, podría solo contemplar el fallo de primera instancia.
El segundo motivo para solicitar la prolongación es el riesgo de que Betssy Chávez huya de la justicia u obstruya la averiguación de la verdad. Aquí se saca a colación de que la excongresista solicitó al chofer de la PCM que la lleve a la Embajada de México en Perú luego del fallido golpe de Estado, país que había manifestado su voluntad de otorgar asilo político al exmandatario y su familia.
La Fiscalía también recuerda que, según la declaración de la exsecretaria de la PCM, tras el fracaso del autogolpe, laptops, carteras y otros bienes eran retirados del despacho de la expremier.
"Resulta indispensable que el presente requerimiento sea declarado fundado, por las circunstancias que concurren y han sido expuestas, así como para asegurar la presencia de la acusada en el desarrollo del juzgamiento; y de este modo no se eluda la acción de la justicia conforme se ha fundamentado en la presente solicitud, por existir causas justificadas que hacen ver que la acusada se dará a la fuga o permanecerá oculta si es excarcelada con lo que quedaría frustrada las ulteriores etapas del presente proceso", sostiene el fiscal Alcides Chinchay.
