El día de ayer, 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) anunció diversos fallos que favorecieron a figuras destacadas de la política nacional. Entre los principales beneficiados se encuentran Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre; Patricia Benavides, exfiscal de la Nación; Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho; y José Chlimper, empresario. Estas decisiones han generado reacciones encontradas debido a que demuestran la gravedad de la institución constitucional en la política nacional
A continuación, presentamos un resumen de los casos involucrados, los fallos del TC y sus implicancias.
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El TC decidió anular la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva impuesta a Vladimir Cerrón en el marco del caso "Aeródromo Wanka". La resolución contó con el respaldo de los magistrados Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales, Helder Domínguez y Pedro Alfredo Hernández. En contra se manifestaron la presidenta del TC, Luz Pacheco, y los magistrados César Ochoa y Manuel Monteagudo.
Entre los principales fundamentos del TC para aceptar la demanda de habeas corpus se encuentra la falta de claridad de la Sala Penal al definir el tipo de delito imputado a Cerrón, lo que afecta el principio de prescripción penal. Asimismo, el Tribunal cuestionó que se consideraran actos posteriores al supuesto momento colusorio inicial, como la firma de memorándums y contratos en 2014. También se señaló que el retraso en resolver el recurso de casación implicaba una dilación indebida que vulneraba el derecho al plazo razonable en los procesos judiciales. Finalmente, el TC concluyó que la prolongada demora judicial atentaba contra los derechos fundamentales del acusado, justificando así un control constitucional inmediato para proteger la efectividad de los derechos humanos.
El caso surgió en 2010, cuando Cerrón impulsó la construcción del Aeródromo Wanka en Orcotuna, cerca del aeropuerto de Jauja. Aunque el proyecto fue rechazado por falta de sustento técnico, se continuó promoviendo hasta incluirlo en el Programa Multianual de Inversiones en 2019. La condena original se basó en la firma de un contrato con el Consorcio Wanka, calificado como colusión.
El TC aceptó la queja presentada por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, quien busca invalidar los actos realizados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra, incluyendo procesos disciplinarios y su destitución.
Inicialmente, el caso fue archivado en instancias previas al considerar que los procesos disciplinarios no habían concluido. Sin embargo, el TC acogió el argumento de la defensa, declarando incorrecta la denegatoria del recurso inicial y ordenando que sea tramitado. Ahora, el caso pasará al TC para una resolución final. La Sala Constitucional de Lima deberá remitir el expediente al TC para que resuelva el recurso de forma definitiva.
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El TC ratificó la absolución de Wilfredo Oscorima por un caso de corrupción relacionado con la compra de maquinaria en 2011. Según el Ministerio Público, la emergencia que justificó la adquisición fue simulada.
El fallo del TC se basó en la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Oscorima, quien fue prófugo de la justicia y detenido en 2016, recuperó su libertad al año siguiente por disposición de la Corte Suprema.
El TC anuló el proceso judicial contra José Chlimper, investigado por presunto lavado de activos relacionado con las campañas presidenciales de Keiko Fujimori. El TC ordenó al Ministerio Público presentar una nueva acusación considerando los argumentos expuestos en su resolución.
Chlimper es acusado de manejar fondos ilícitos y financiar campañas mediante pagos a medios de comunicación, además de ocultar el origen de dichos fondos, supuestamente ligados a Odebrecht. Según la fiscalía, Chlimper habría participado en el lavado de dinero de Odebrecht, mediante la entrega de $210,000 al Grupo RPP y $266,000 a la Corporación Radial S.A.C., esta última a través del gerente de CRP Medios y Entretenimientos, Manuel Zavala Chocano, en 2011.
En contraste con los casos anteriores, el TC rechazó el habeas corpus presentado por Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes buscaban excluir las denominadas "Agendas de Nadine" como pruebas en su juicio por lavado de activos.
El TC argumentó que no es competente para evaluar la legalidad de las pruebas en esta etapa procesal, dejando esa responsabilidad al Poder Judicial. Reiteró que cualquier vulneración de derechos será evaluada al final del proceso penal.
