El español Rodrigo Rato, exdirector gerente del FMI, fue condenado a más de cuatro años de prisión y a pagar una multa de más de dos millones de euros por corrupción y delitos fiscales, anunció este viernes un tribunal de Madrid.
El exministro de Economía español fue condenado a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por "tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares", informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.
Rato, antiguo peso pesado del conservador Partido Popular (PP), también fue multado con un total de más de 2 millones de euros (2,08 millones de dólares) y condenado a pagar 568.413 euros a Hacienda.
El que fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar anunció que recurriría la sentencia, en declaraciones al diario ABC.
"Defenderé mis derechos en los correspondientes recursos ante un fallo que me parece injusto y falto de base jurídica", aseguró Rato.
Rato ya había sido condenado en 2018 a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en una de las ramificaciones del espinoso caso Bankia, la entidad española que dirigió entre 2010 y 2012, por haber pagado gastos personales utilizando libremente fondos del banco.
Sin embargo, fue absuelto en 2020 en el juicio por la presunta salida fraudulenta a bolsa de Bankia, a la que siguió un año después el espectacular rescate del banco con una inyección de 22.000 millones de euros de fondos públicos.
Rato, de 75 años, fue procesado esta vez junto a otras 15 personas, acusadas de ayudarle a montar un sistema fraudulento para su enriquecimiento personal y de ocultar al fisco español un total de 8,5 millones de euros entre 2005 y 2015.
Según la Fiscalía española, para ello utilizó varias sociedades de inversión radicadas en Irlanda, Panamá y Reino Unido, actuando a través de multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y Mónaco, entre otros.
El juicio tuvo lugar a finales de diciembre de 2023. La Fiscalía, que en España realiza sus alegatos finales antes del juicio, había pedido un total de 70 años de cárcel, 53 de ellos sólo por delito fiscal.
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