La Generalitat Valenciana , a través de la Dirección General de Turismo, iniciará en enero el proceso para dar de baja a más de 34.000 viviendas de uso turístico de su registro, al no constar los datos esenciales ni la documentación preceptiva requerida en el decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. En ella se da de plazo hasta finales de año para que esta tipología de vivienda aporte la referencia catastral, entre otras cuestiones. Con esto, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo depurará buena parte del registro de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana, que ya había llegado hasta las 101.205 viviendas a fecha de 18 de diciembre de 2024. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha criticado que este registro « creció de manera incontrolada » durante los ocho años del Gobierno socialista de Ximo Puig, con «un incremento de más del 160 % y un registro en el que no había ningún control» sobre aquellos establecimientos que no contaban con los datos y documentos esenciales, que imponía la propia Ley de Ocio y Hospitalidad de 2018, aprobada por el tripartito de izquierdas. De hecho, y según las comprobaciones realizadas por los técnicos de turismo, 47.159 viviendas de las más de 100.000 que componían el registro no contaban con datos esenciales y preceptivos y que la nueva normativa aprobada el mes de agosto ha obligado ahora a revisar. Desde Turisme se ha realizado en los últimos meses «un enorme esfuerzo de gestión» para abrir varios procedimientos extraordinarios y regularizar la situación de este parque de vivienda con carácter previo a la migración. Así, se ha contactado con más de 1.400 empresas gestoras de viviendas de uso turístico en la Comunidad Valenciana, informándoles de la situación, y se ha desarrollado un proceso simplificado y excepcional para completar los datos esenciales. Para ello se han remitido 22.000 comunicaciones a titulares de viviendas, y organizado un operativo para su gestión y atención de consultas. «El resultado ha sido que se han podido completar los datos esenciales de aproximadamente 12.700 viviendas de uso turístico, el 12,5 % de las inscritas», ha agregado la consellera. «El trabajo ha sido ingente, pero a principios de año contaremos con un registro depurado, fiable y con el que podemos trabajar sabiendo de forma precisa qué parque de vivienda turística real está activo». Cano ha recordado también que esta tipología de alojamiento tendrá que renovar cada cinco años la licencia, y que esta se tendrá que volver a solicitar en caso de que se produzca una operación de compraventa o cambio de propietario, «acabando con la especulación que se producía al otorgar esta clasificación de por vida». «Contra todo esto», ha indicado la consellera, « votaron en contra PSOE y Compromís , al igual que contra exigir a las nuevas viviendas registradas que acrediten que las comunidades de vecinos no habían prohibido su actividad, que se mejoren las condiciones de habitabilidad y de calidad de este subsector o dar a los propietarios instrumentos para echar a los inquilinos molestos». Asimismo, Cano ha manifestado que el Consell ya ha aprobado el convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que permitirá «ceder a los ayuntamientos que así lo requieran las competencias en materia de inspección, sanción y recaudación de viviendas turísticas» mientras que, paralelamente, se ha reforzado la inspección desde el Gobierno valenciano, con un incremento de inspecciones del 34 % en 2024.
