Tras muchos meses de espera, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llegado. Durante el día de ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ultimaba los detalles del acuerdo junto con los sindicatos más representativos, UGT y CC.OO, encargados de llevar adelante el acuerdo.
Finalmente, la propuesta ha quedado cerrada esta misma mañana sobre las once de la mañana en el Ministerio de Trabajo, y donde estarán presentes tanto la ministra, como los secretarios Generales de UGT y CC.OO, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Un acuerdo que, como bien es sabido, no contará con la presencia de la patronal, que rechazó hace ya varias semanas continuar en la mesa de negociación al no estar de acuerdo con las medidas planteadas desde el Gobierno.
La intención del Ministerio de Trabajo es que la ley obligue, a través de una disposición transitoria, a que todas las empresas cumplan con esta reducción de jornada a partir del 31 de diciembre de 2025. Por ello, el Gobierno tendrá todo este tiempo para aprobar la norma en el Congreso y actualizar los convenios colectivos.
Una medida que Carlos Cuerpo ve demasiado precipitada, y que derivo en la propuesta de implementar esta reducción de la jornada laboral de manera gradual. Sin embargo, esta idea ha sido rechazada por la ministra, que pretende que la norma se aplique de forma inminente. "Lo que dice es que hay que llevar (la rebaja de jornada) más allá, que la legislatura es larga", afirmó este jueves la ministra en relación a la propuesta de Carlos Cuerpo, instando así a cumplir con lo pactado en el acuerdo de investidura para no "engañar" a los trabajadores.
El acuerdo no será aplicado hasta que no sea aprobado en el Parlamento. Y es aquí donde existe la duda. Trabajo tendrá que llevar al Congreso la reducción de jornada para su aprobación, con la duda de qué harán formaciones como Junts o PNV, más proclives a las tesis que defienden los empresarios y el propio Cuerpo.
Junto a la reducción de jornada, la medida incluye dos normativas que pretenden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Estas son la desconexión digital y el control horario.
Por un lado, la desconexión digital pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral. La regulación pretende incrementar las sanciones a las empresas que cometan esta ilegalidad. Este mayor control tiene como objetivo garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores.
Por su parte, Trabajo pretende establecer una serie de modificaciones que permitan tener un control más exhaustivo de las horas realizadas por los trabajadores, sus descansos y la realización de horas extras. La idea del ministerio es la de eliminar el registro horario en papel, obligando a que los trabajadores lo hagan de manera digital, para tener un mayor control de las horas de jornada de cada empleado.
Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) abandonaron hace varias semanas la mesa de negociación donde se encontraba el Gobierno y los sindicatos, al entender que las condiciones que se proponían perjudicaban a las empresas.
Por ello, tras su salida, los sindicatos han sido los únicos encargados de acordar una medida que Yolanda Díaz buscaba aprobar desde hace varios meses. Sin embargo, esta aplicación no es tan sencilla, puesto que debe ser aprobada en el Congreso y después pasar todos los trámites, lo que provocará que la norma no pueda ser aplicada hasta dentro de cinco o seis meses, como así lo confirmo la ministra de Trabajo.
