Yolanda Díaz ha cumplido con su objetivo e intentará implantar en España la semana laboral de 37,5 horas, y lo hará después de cerrar un pacto con CC.OO. y UGT que se oficializará esta misma mañana con una foto junto a los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez . El acuerdo deja fuera a los empresarios y se produce en pleno pulso con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en varias ocasiones ha hecho un llamamiento para contar con las empresas y es partidario de dilatar esa implantación de la jornada en 2026, sin prisas, y teniendo en cuenta la situación de cada empresa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tendía la mano a las empresas durante el Congreso de UGT, a lo que la titular de Trabajo no parece haber hecho mucho caso. La organización empresarial que dirige Antonio Garamendi se descolgó del acuerdo el pasado noviembre, tras once meses de negociaciones del diálogo social sin ningún fruto. Los empresarios rechazaron por unanimidad reducir por ley la jornada máxima de trabajo por entender que es materia exclusiva de la negociación colectiva, motivo por el que la vicepresidenta segunda anunció que r etiraría cualquier ayuda a las empresas para implantar la semana laboral . La fecha de aplicación de la medida es 2025, incluso para los convenios colectivos ya firmados con una jornada máxima superior, para los que se da de plazo hasta el 31 de diciembre para adaptarse a la norma. Esto implará la apertura en canal de 4.000 mesas de negociación. El acuerdo deja atrás cuatro décadas con un máximo de 40 horas semanales de trabajo, desde la última reducción aprobada por el Gobierno del PSOE de Felipe González en los 80 y supondrá un mazazo sobre todo para pymes y autónomos teniendo en cuenta que esa rebaja de jornada, de implantarse finalmente, mantendrá el sueldo del trabajador. Un informe de Cepyme situó el coste directo por esta rebaja en 1.000 euros anuales por trabajador de media, dijo que tendría un coste directo de 12.000 millones de euros, que asciende a 42.000 millones si se tiene en cuenta la pérdida de valor añadido. Y para asegurarse de que las empresas cumplen y esquivar posibles fraudes, Díaz quiere un papel activo de la Inspección de Trabajo que, en este caso, tendría acceso remoto al registro horario de los trabajadores. La idea es la digitalización completa de ese registro y control de las horas realizadas para permitir, de esta forma, la supervisión de los inspectores en tiempo real. Una actuación que se acompañaría de importantes sanciones para los infractores. Con este paso adelante legislativo la titular de Trabajo ha asegurado que pretende ganar en productividad, un objetivo que recientemente cuestionaba la OCDE . El organismo internacional puntualizaba en un acto con presencia de la ministra que «sólo hay pruebas limitadas sobre el impacto de una reducción de la semana laboral en la productividad». El cierre de este compromiso es un claro desafío a Economía que reproduce los continuos roces que tuvo la vicepresidenta segunda con Nadia Calviño, fuertes tensiones que llegaron a provocar varios amagos de dimisión por parte de la exministra de Economía. Hace dos días, el ministro Carlos Cuerpo pedía tiempo para implantar la medida. «No es tanto un tema de entrada en vigor, donde tenemos un compromiso específico que queremos cumplir, que es el pacto de gobierno, sino que nos aseguremos de que lo estamos haciendo ayude a que sea sostenible esta medida, que se mantenga en el tiempo y a que nuestras empresas puedan asimilarlo« . La reacción de Díaz fue acusar al titular de Economía de incumplir lo pactado y de alinearse con los intereses de la patronal, y considera «muy grave» la intromisión de Economía en el debate. «Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar en el Gobierno. Tenemos personas diferentes en el ministerio de Economía y los comportamientos son los mismos», dijo Díaz, en una entrevista en La Sexta.
