El problema de la vivienda es un asunto que está a la orden del día, tanto en la calle como en la política. Una de las principales preocupaciones dentro de este tema es la 'okupación', donde las posturas están muy alejadas. Este jueves, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció un acuerdo que no va a dejar indiferente a nadie. El mensaje decía textualmente lo siguiente: "Acabamos de acordar con el PSOE prorrogar el escudo social que con tanto esfuerzo logramos cuando gobernábamos. Suspendemos los desahucios de personas vulnerables durante un año y mantenemos las ayudas al transporte durante seis meses. También arreglaremos el error de Bildu y ERC". Este acuerdo marca el futuro de la vivienda durante los próximos meses.
El escudo social del que habla la secretaria de Podemos es prorrogar el Real Decreto 11/2020, que fue implementado en la pandemia. Este decreto tiene varios puntos, pero, en lo referido a la ‘okupación’, impide desalojar a personas en estado de vulnerabilidad. La medida estará vigente durante todo el 2025. Esto supone que no se podrá ejecutar el lanzamiento de ninguna casa en la que vivan personas vulnerables.
Esto afecta a las personas que no pueden pagar la hipoteca, que podrán mantener su hogar, pero también a todos los propietarios que tienen 'okupas'. Estos no podrán ser desalojados pese a no pagar su alquiler, ni con una sentencia judicial en firme. Esto le afecta a Kathy, que en una entrevista a LA RAZÓN, explicó que pese a tener una sentencia favorable no puede expulsar a su 'inquiokupa' por un Real Decreto que cataloga como "un maltrato psicológico sistemático". Mientras esté en vigor, Kathy y todos los propietarios con 'inquiokupas' vulnerables no podrán recuperar su casa.
La mujer también afirma que este Real Decreto afecta a los inquilinos legales más vulnerables: "Los propietarios están quitando sus casas por miedo, hay menos oferta y cuando hay una, llegan 200 personas y se convierte en una puja al mejor postor y el de bajos recursos se queda fuera". La Plataforma de Afectados por la Ocupación y APROVIJ, se manifestaron en redes sociales y pidieron parar esta derogación.
"También arreglaremos el error de Bildu y ERC", afirmaba Ione Belarra. El fallo del que habla es el que permitió que saliera adelante la votación para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Congreso. La enmienda, propuesta por el PNV, ha vuelto a la Cámara Baja tras el veto del Senado. La aprobación supondría que se añadiría los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estos pasaran a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, los 'okupas' serían juzgados en un plazo máximo de 15 días desde su puesta a disposición judicial y los procesos de desahucio serían más rápidos.
El acuerdo de Podemos con el Gobierno, ha provocado la respuesta de Aitor Esteban, líder del PNV: "Ione Belarra miente: la enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la okupación, el PNV en contra". De ser aprobada esta reforma, solo se agilizarían los desahucios en casos de allanamiento y usurpación de morada, que son delitos flagrantes, no en los casos de 'inquiokupación' y embargos por no pagar la hipoteca. Si finalmente se frena esta medida, los juicios por 'okupación' seguirán siendo muy largos.
