Para concretar los principios generales de organización y funcionamiento de la función pública notarial, acorde con la actualización del modelo económico y social en el país, la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida en el 4to. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 10ma. Legislatura, aprobó este jueves la Ley del Notariado.
Según reportó la Agencia Cubana de Noticias, Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, expresó que el Estado reconoce la existencia del notario como profesional del Derecho y funcionario que realiza importantes tareas relacionadas con el cumplimiento de la legalidad.
El notariado en la Mayor de las Antillas opera de forma unificada para otorgar mayor estabilidad y seguridad jurídica a las personas y se acerca a las comunidades como garantía de mayor accesibilidad de los clientes, explicó el titular.
La Ley deroga la de las Notarías Estatales de 1984, pues refuerza la institucionalidad del notariado desde el punto de vista estructural, con un sistema de trabajo que permita parte del autofinanciamiento de este servicio público de gran impacto en la sociedad, subrayó.
Su texto estipula la función notarial para el ejercicio de los derechos de las personas naturales y jurídicas, en el ámbito de la actuación extrajudicial, la seguridad de los actos, hechos y negocios jurídicos que estas requieran, con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
José Luis Toledo Santander, presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, señaló que el notario desempeña un relevante papel en la sociedad, por lo cual es preciso fortalecer su cometido desde el ámbito legislativo.
Esta figura del campo del Derecho debe actualizar de manera constante sus conocimientos profesionales y tiene que estar a tono con los nuevos requerimientos sociales y tecnológicos, indicó.
Toledo Santander destacó que la Ley pondera la verticalidad del notariado, que se subordina solo al Ministerio de Justicia, para generar buenas prácticas, velar por el constante desarrollo de los notarios y prestar un servicio de calidad a la población.
Dijo que será un servicio público autofinanciado que genera ingresos anuales superiores a los 275 millones de pesos, a través del cobro de tarifas asequibles a los clientes.
Esta normativa propone un régimen disciplinario más eficaz y coherente con los deberes y derechos que establece para los notarios, y entrará en vigor a partir de 180 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
En síntesis, la función notarial cubana gestiona de manera estatal el servicio que brinda como resultado de la obra de la Revolución, está presente en todos los territorios del país y es accesible para todas las personas. En tal sentido, la ley recibió el respaldo de los diputados y de uno de los expertos invitados a la sesión, el destacado Doctor Leonardo Pérez Gallardo, quien ponderó el texto legislativo como uno de los más avanzados en América Latina, con aspectos muy novedosos y un gran contenido ético.
