Todo comenzó en noviembre de 2010, cuando salió a la luz el intruso cero de los ERE. Era Antonio Garrido Santoyo, un dirigente del PSOE en el municipio jienense de Baeza que se había prejubilado en un ERE de Mercasevilla financiado por la Junta de Andalucía sin haber trabajado nunca en esta lonja. La juez Mercedes Alaya causó un gran estruendo cuando abrió dos meses después las diligencias previas 174/2011 , el conocido como caso ERE. El primer intruso no representaba sino la punta del iceberg de la mayor trama de corrupción política en España. El relato fáctico de la sentencia de la llamada pieza política del caso, dictada el 19 de noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de...
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