Según van las cosas, terminaremos indemnizando a Puigdemont por haber intentado la segregación de Cataluña. Aún no ha sido amnistiado, pero Pedro Sánchez ya está preparando que tenga escolta del Ministerio del Interior en Bélgica en calidad de expresidente de la Generalitat, una anomalía política y jurídica. No será la única concesión. Probablemente, Puigdemont exigirá transferir competencias a Cataluña en algunos asuntos delicados, como inmigración, y más dinero a cuenta del Estado. Para Sánchez es una transacción comercial, el grado de concesiones al independentismo basculará en función de si es un apoyo puntual a los Presupuestos o alcanzan un marco de estabilidad a medio plazo.
Junts ha hecho dos movimientos que han descolocado en Moncloa. El primero es alinearse con Feijóo en algunas cuestiones, proyectando la debilidad real que tiene Sánchez. El segundo es espinoso: la cuestión de confianza, que podría ser el botón rojo del final de la legislatura. Es probable que los independentistas solo aprieten las tuercas, pero no es descabellado pensar que, si no logran sus objetivos, hagan que la legislatura salte por los aires.
Esa es la razón por la que el líder socialista necesita aprobar los Presupuestos, porque sería equiparable a superar una supuesta moción de confianza.
Desde Moncloa se empeñan en transmitir que la legislatura llegará al final, señal inequívoca de que están analizando cuál es el mejor momento para una convocatoria anticipada. Ello requiere acompasar los tiempos judiciales a los políticos.
El «caso Aldama» sorprende cada día, dejando en cuestión la palabra de los equipos de Sánchez. Así, Reyes Maroto ha quedado en entredicho cuando se han conocido conversaciones con el cabecilla de la trama. Ella exigió a Lobato que se sometiese a una cuestión de confianza interna. Debería aplicarse su propia medicina.
