El partido político Alianza Para el Progreso (APP) busca marcar distancia del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien es investigado por una presunta red de prostitución en el Parlamento.
Mediante un comunicado, esta agrupación política señaló que Torres Saravia "nunca ha pertenecido ni pertenece a Alianza Para el Progreso". "Rechazamos de manera categórica cualquier intento de vincularlo con nuestra organización política. Estas afirmaciones son falsas, irresponsables y solo buscan confundir a la ciudadanía y afectar nuestra imagen institucional", dice el pronunciamiento.
En efecto, en el Registro de Organizaciones Políticas figura que Torres Saravia no es militante de Alianza Para el Progreso. Sin embargo, eso no omite que durante su paso por el Congreso trabajó para congresistas de esta agrupación política.
Como informó La República, Torres Saravia ingresó a trabajar al Parlamento en marzo del 2020 como asesor del despacho del entonces congresista Luis Valdez, quien es secretario general de APP.
Luego, con el Congreso del 2021, fue contratado como asesor en el despacho del parlamentario de APP, Idelso García. Ahí trabajó hasta el 2023.
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Meses después, cuando el presidente del Congreso era el congresista de APP, Alejandro Soto, Torres Saravia asumió el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional de esta institución.
Este diario informó que cuando Torres Saravia era jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso elaboró un informe que fue utilizado por la Comisión de Ética para desestimar una denuncia contra el legislador Soto por la contratación de la hermana de la madre de uno de sus hijos.
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Torres Saravia era jefe en una oficina donde trabajó la abogada Andrea Vidal, quien falleció esta semana tras ser atacada en un taxi por unos sicarios. Según un reportaje de Beto a Saber, Vidal reclutaba a supuestas trabajadoras sexuales para que trabajen en el Parlamento como asesores y secretarias.
Este jueves, en declaraciones a la prensa, Torres Saravia rechazó esa imputación. "No me considero ningún violador, ni proxeneta, y mucho menos asesino. Yo no he contratado a las señoritas, yo no fui la persona que las vinculó para que trabajen en el Congreso", respondió.
El exfuncionario afronta una investigación en el Ministerio Público y también ha sido citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.
