El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, fue sentenciado a 36 meses de prisión preventiva por el Poder Judicial. Este enfrenta una investigación en el marco del caso Waykis en la Sombra. A pesar del fallo de la Corte Superior, liderada por el juez Richard Concepción Carhuancho, Boluarte decidió no entregarse a las autoridades, convirtiéndose en prófugo de la justicia.
Su decisión de no entregarse ha generado diversas opiniones. Gustavo Adrianzén, primer ministro, señaló que los estándares de libertad en el país son sumamente bajos, indicando que “la privación de la libertad debe ser la última instancia, el extremo en el que se tome la decisión de privar a alguien de su libertad, especialmente cuando no exista una sentencia definitiva”. Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, expresó en una entrevista que la prisión preventiva impuesta por Concepción Carhuancho refleja un "desprecio por la libertad".
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No obstante, una parte significativa de la ciudadanía sostiene que la decisión de Boluarte de evadir a la justicia justifica medidas punitivas más severas debido a su rebeldía. En el país existe un programa de recompensas, administrado por el Ministerio del Interior (Mininter), diseñado para facilitar la captura de los prófugos más buscados. En esta nota exploramos por qué Nicanor Boluarte aún no ha sido incluido en este sistema.
Anteriormente, La República contactó al exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien consideró que la inclusión de Nicanor Boluarte en la lista sería prematura, dado que su situación jurídica no estaba completamente definida. “Incluirlo ahora podría vulnerar su derecho a la presunción de inocencia”, explicó entonces.
Después de haber pasado un tiempo considerable sin que Boluarte se entregara a las autoridades, La República consultó al general PNP Eduardo Rocha para obtener más detalles sobre por qué el hermano de la presidenta Dina Boluarte no ha sido incluido en la lista de los más buscados. Según Rocha, la defensa ejercida por figuras políticas a favor de Boluarte ha generado presión sobre la Policía para evitar su incorporación en dicha lista.
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"Lo que sucede es que no se le da la importancia debida (…). Hemos escuchado al primer ministro, al ministro de Justicia y al ministro del Interior defender a Nicanor (Boluarte), argumentando que esta prisión preventiva no debe ejecutarse porque no hay suficientes pruebas que la justifiquen (…). En realidad, la inclusión en la lista de los más buscados depende principalmente de la gravedad del caso y de las solicitudes realizadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, responsable de gestionar las requisitorias para ubicación y captura", explicó Rocha.
El general también señaló que, bajo este contexto, la Policía Nacional corre el riesgo de convertirse en una institución politizada. "No se van a atrever a difundir una recompensa contra Nicanor (Boluarte) porque eso iría en contra de la primera mandataria de la Nación (Dina Boluarte), quien también es la jefa suprema de la Policía Nacional. Con ministros que respaldan a la presidenta, considero que la situación seguirá igual", afirmó.
Rocha subrayó que la influencia política es el principal factor que impide que Boluarte sea incluido en la lista de los más buscados. Recordó que Dina Boluarte no solo es la mandataria suprema del país, sino también la jefa suprema de las fuerzas policiales, por lo que su injerencia en este asunto resulta decisiva.
"El aspecto de la influencia política es básicamente la razón por la cual Nicanor Boluarte no ha sido incluido. No solo por ella (la presidenta Boluarte), sino también por declaraciones como las de (Gustavo) Adrianzén, quien aseguró que el Poder Judicial no debió tomar esta medida. Es decir, Nicanor cuenta con defensores a su favor. Mi conclusión es que existen injerencias políticas para evitar que sea incluido en el programa de recompensas", concluyó Rocha.
