Teresa Ramírez Pequeño, extrabajadora de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fue separada de su actual puesto en Indecopi tras declarar en contra del Gobierno en relación con una presunta falsificación de las firmas de Dina Boluarte en documentos oficiales emitidos durante el periodo en que la presidenta se encontraba en recuperación quirúrgica. Ramírez afirmó en el programa dominical 'Cuarto poder' que dichas firmas fueron gestionadas por Enrique Vílchez, secretario general de la mandataria.
"En el tiempo en que estuve en el Consejo de Ministros, la firma de los documentos de la señora presidenta la gestionaba el secretario general. (…) Yo entregaba los documentos a la Secretaría General para que se encargaran de las firmas; yo no gestioné las firmas directamente. (…) Ese trámite estaba a cargo de la Secretaría General", declaró Ramírez a Cuarto poder.
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El periodista Paolo Benza informó en su programa 'La contra' que Ramírez Pequeño habría sido presionada para renunciar a su cargo como asesora de la Presidencia Ejecutiva del Indecopi. Según el periodista, esta decisión se habría tomado después de que Ramírez declarara sobre las presuntas firmas falsificadas por el secretario general de Dina Boluarte.
Esta situación adquiere mayor relevancia al considerarse como parte de un patrón de posibles represalias en el actuar de la presidenta Dina Boluarte. Recientemente, se reportó que la decisión de pasar al retiro al coronel Harvey Colchado podría haber estado motivada por el allanamiento a la residencia de la mandataria en el marco de las investigaciones del caso Rolex.
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Tras la publicación de las actas del Consejo de Ministros correspondientes a los días 5 y 7 de julio de 2023, surgieron dudas debido a discrepancias detectadas en las firmas de la presidenta Dina Boluarte. Estas irregularidades han generado cuestionamientos en diversos sectores, centrados en la autenticidad de las firmas y las posibles implicancias legales.
La República consultó a tres especialistas en Derecho Penal para analizar las posibles consecuencias legales en caso de confirmarse que las firmas no pertenecen a Boluarte. El abogado penalista César Nakazaki explicó que la autenticidad de estos documentos es parte de la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación, en el marco de una evaluación sobre la capacidad de la presidenta para ejercer sus funciones mientras se sometía a un procedimiento médico-quirúrgico. Nakazaki subrayó que será un perito especializado quien determine si las firmas son genuinas y advirtió que, de comprobarse una falsificación, podría configurarse un delito de falsedad material, con penas de hasta 10 años de prisión.
Otros expertos también se pronunciaron al respecto. Luis Lamas Puccio indicó que una firma falsa en documentos públicos constituiría un delito de falsedad agravada, involucrando a instigadores, cómplices y autores, lo que implicaría graves consecuencias legales. Por su parte, Mario Amoretti destacó que el delito solo se configuraría si el contenido de los documentos difiere de lo aprobado oficialmente, en cuyo caso se trataría de falsedad ideológica. Ambos especialistas coincidieron en que, de confirmarse la falsificación, las sanciones podrían incluir penas de hasta una década de prisión, debido a la naturaleza pública de los documentos involucrados.
