Los ataques de bandas de extorsionadores no se detienen en Lima. Celestino Huarhua (37), un conductor de combis de la empresa San Juanito, fue baleado por sujetos armados en la curva de Chorrillos, al parecer por negarse a pagar cupos. Según declaraciones del cobrador del vehículo, los delincuentes exigían un pago diario.
Gregorio Valverde Obregón (54) no tuvo la misma “suerte”, pues recibió 7 disparos a quemarropa en Los Olivos, por parte de dos sujetos que se encontraban a bordo de una moto. Ocurrió el último lunes.
Estos ataques se suman a una serie de atentados ocurridos desde la marcha de transportistas realizada en paralelo a la cumbre de APEC. Según registros de los gremios de transportes, al menos 15 casos de violencia relacionados con extorsión se han documentado desde entonces, donde 4 conductores fueron asesinados, 11 quedaron heridos y a 2 de ellos les quemaron su vehículo.
Por ello, como consecuencia del constante peligro en la que se encuentran , muchos de ellos prefieren no denunciar por temor a represalias, perpetuando así un ciclo de impunidad.
Miguel Arce, representante de la Federación de Mototaxistas, manifestó su preocupación por esta escalada de violencia. En diálogo con La República, señaló que muchos transportistas continúan pagando cupos de manera obligada, sin que exista una respuesta efectiva de parte de las autoridades.
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En esa línea, mencionó un caso reciente en San Juan de Lurigancho, donde una granada fue dejada en la vivienda de un dirigente de mototaxistas. Además, el vocero destacó que algunos transportistas han recurrido a contratar policías en sus días de descanso para proteger los paraderos más afectados por la informalidad y el crimen, lo que supone una carga adicional para quienes ya enfrentan presiones económicas. “En algunos casos pagan sus 100 soles por cada policía para que cuiden los paraderos donde son acosados por la delincuencia”, expresó Arce.
Por su parte, Julio Campos, vocero de la Alianza de Transportistas, denunció que la extorsión afecta a todos los sectores del transporte, desde taxis y colectivos hasta mototaxis y vehículos de transporte urbano. También criticó la falta de cumplimiento de la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana por parte de las autoridades locales.
Según él, los comités distritales de seguridad ciudadana, dirigidos por los alcaldes, no incluyen la participación de la sociedad civil ni de los gremios de transporte, a pesar de que esto está estipulado en la norma.
Asimismo, el vocero señaló que este vacío de participación ciudadana impide una fiscalización adecuada tanto de la policía como de las municipalidades, lo que debilita la estructura de seguridad en los distritos. Campos también enfatizó que esta problemática no es exclusiva de un distrito en particular, sino que se repite en diversas zonas de Lima.
