El gobierno boliviano implementó una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales. Según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, la Dirección Nacional de Migración y la Policía de control migratorio ya han sido notificadas.
Las autoridades emitieron una alerta migratoria para monitorear los movimientos del exmandatario Morales, tras una denuncia que lo acusa de mantener una relación con una menor de edad con quien presuntamente tuvo un hijo. Según el proceso judicial, los padres de la joven habrían facilitado esta relación a cambio de supuestos “favores”.
La menor en cuestión habría formado parte de ‘Generación Evo’, un grupo juvenil creado durante su gobierno, lo que añade un matiz político al caso. A pesar de que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión el 16 de octubre, su ejecución enfrenta obstáculos logísticos y políticas.
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El viceministro de Gobierno, Jorge Ríos, informó que la orden de aprehensión contra Evo Morales aún está en proceso, ya que falta la notificación formal al Comando de la Policía de Cochabamba para que se proceda conforme a los protocolos establecidos. Mientras tanto, dirigentes sociales afines al expresidente declararon que Morales cuenta con un esquema de seguridad de élite.
La situación generó tensiones en la zona, donde los simpatizantes de Morales advirtieron que podrían ocurrir enfrentamientos violentos si la Policía intenta ingresar para ejecutar la aprehensión.
En un contexto de alta polarización, el exmandatario participó recientemente en un acto masivo en Chimoré para conmemorar el ‘Día de la Revolución Democrática y Cultural’, que marca su primera victoria electoral en 2005, reafirmando su influencia y respaldo en la región a pesar de las controversias legales que enfrenta.
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En una reciente movilización, los seguidores de Morales reafirmaron su apoyo al exmandatario boliviano mediante un manifiesto en el que se señala que será candidato presidencial en las elecciones de 2025, incluso si enfrenta encarcelamiento.
Esta declaración surge en un contexto de creciente tensión política y judicial, donde Morales ha denunciado públicamente la existencia de un supuesto plan del Gobierno de Luis Arce para detenerlo y extraditarlo. Según Morales, las autoridades intentan vincularlo con casos relacionados con el narcotráfico, en conexión con el último jefe antidrogas de su administración, extraditado a Estados Unidos.
Paralelamente, las investigaciones por trata de personas y estupro contra Morales intensifican las divisiones dentro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), donde se disputa el control interno del partido y la definición de su candidato para los comicios de 2025. Este distanciamiento entre Morales y Arce refleja una lucha por el liderazgo político que podría redefinir el panorama electoral en Bolivia.
