Ante la eventualidad del incremento de las protestas sociales debido al histórico nivel de desaprobación que ha caído a 3%, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte autorizó la ejecución del “Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional”.
El plan incluye la adquisición de 56 vehículos blindados 4x4, 43 unidades antimotines o “rochabuses”, 1.007 pistolas de puño, 3.146 chalecos antibalas y 8.900 mochilas tácticas, por un monto que supera US$57.6 millones.
Algunas de las compras ya se cumplieron, en otros casos las empresas proveedoras han sido invitadas para que presenten sus ofertas y también se han anunciado las licitaciones respectivas.
El propósito principal del plan es optimizar la logística de los efectivos de la Policía Nacional para enfrentar adecuadamente la protesta social.
La tendencia del Gobierno de Boluarte, que se instaló en medio de manifestaciones por todo el país, ha sido la de incrementar año a año el presupuesto para financiar acciones de represión de ciudadanos que salen a las calles para oponerse al régimen.
En el rubro del Ministerio del Interior denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, el Gobierno gastó en 2022 la suma de S/517.3 millones; en 2023 fue S/681 millones, y para este año se ha previsto S/717.7 millones.
Cada año ha subido el presupuesto para la represión de la protesta social, sin duda alguna.
Blindados y rochabuses
La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior emitió la directiva con los lineamientos para la adquisición de vehículos blindados 4x4 y los llamados “rochabuses”, como parte del Programa de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional”.
La cuadrilla de transporte consistía en la adquisición de 56 vehículos blindados 4x4 y 43 motobombas antidisturbios o “rochabuses” 4x4 y 4x6 por un monto de US$52 millones. Respecto a las motobombas antidisturbios o “rochabuses”, estas serán distribuidas a las Unidades de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional de todo el país, con el propósito de incrementar las capacidades ante el aumento de las protestas antigubernamentales.
En un primer momento, el proceso se estancó debido a una serie de dificultades, porque los estudios de mercado indicaban que los precios por los vehículos superaban el presupuesto para la compra. En noviembre de este año, durante la gestión del ministro del Interior, Juan Santiváñez, se determinó continuar con el proceso de compra.
Esta vez el ministro Santiváñez designó a un nuevo comité de evaluación con la consigna de completar la adquisición de los vehículos blindados y los “rochabuses” que requiere la Policía Nacional.
Tiempo de renovación
Fuentes de La República con conocimiento del caso indicaron que el ministro Santiváñez ha dado disposiciones para que se compren sí o sí los 56 vehículos blindados multipropósitos y las 43 motobombas antidisturbios valoradas en US$52 millones.
Al término de la distancia, el Comité de Evaluación cursó invitaciones a 12 empresas para que presenten sus ofertas económicas y el resultado se conocerá en febrero del 2025.
La revista Defensa.com informó que entre las compañías invitadas para que eleven sus propuestas se encuentran la alemana Rheinmetall Land Systems, las israelíes Plasan Sasa y Shladot, las surcoreanas Daeji P&I, Posco International Corporation y Jino Motors, la india DCM Shriram Industries y las turcas BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret, Electroland Savunma Sanayi y Volkan Itfaiye Araclari Ve.
Además, la brasileña Triel-HT, las colombianas M&M Defense Ltd. y Armor International SAS y la emiratí Streit Group FZ, entre otras. “Si este año no se compran los blindados y rochabuses, el presupuesto se pierde.
La Policía necesita renovar la flota de estos vehículos porque las que tienen son muy antiguas”, comentó un alto oficial de la Unidad de Servicios Especiales (USE).
Con la finalidad de mejorar la capacidad operativa del personal policial en la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana, la Policía Nacional del Perú también inició el proceso de selección de un modelo de pistola de puño calibre 9x19 mm. para la adquisición de 1.007 unidades por más de S/3 millones.
Las pistolas serán destinadas a las unidades de la Región Policial del Callao. De acuerdo con un informe del Departamento de Armas y Municiones, de la Dirección de Logística de la Policía Nacional, reporte al que tuvo acceso La República, se indica la necesidad de reponer los fusiles de asalto y las pistolas de puño antiguos, por haber excedido su vida útil y por tener más de 30 años en la institución policial.
Por esa razón, a fines de noviembre de este año, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional convocó a una licitación pública invitando a las empresas para que presenten sus propuestas.
Lo llamativo de las bases de la licitación de la PNP es que en las especificaciones técnicas del arma se ha retirado una de las características importantes de seguridad denominado desamartillado (decocking).
Para algunos expertos, con esta ausencia de especificación técnica, más ventaja tendrían las empresas que oferten pistolas desprovistas del sistema de decocking.
En efecto, fuentes de la Dirección de Logística de la Policía Nacional indicaron a La República que el seguro del desamartillado garantiza más seguridad al arma para evitar descargas o disparos involuntarios y atente contra la integridad del personal policial o de cualquier ciudadano.
Un ejemplo reciente es el caso del suboficial PNP Danfer Ruíz Ramos, quien mató accidentalmente de un balazo en el rostro a su compañero de armas, el suboficial PNP Gustavo Gavidia Estela, en el interior de la comisaría del distrito José Leonardo Ortiz, en Lambayeque.
El hecho se registró en noviembre del 2024.
Las fuentes precisaron que el sistema de desamartillado ha sido parte de todas las pistolas adquiridas por la Policía Nacional durante los últimos 30 años. En marzo del 2023, la PNP adquirió 28.707 pistolas de 9 milímetros modelo Sig Sauer SP2022, con sistema decocking, de fabricación estadounidense, por un valor de US$13.5 millones.
Caso mochilas tácticas y chalecos antibalas
● Como parte del plan de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles” a nivel nacional, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior también adquirirá 3.146 chalecos antibalas nivel IIIA y 8.900 mochilas tácticas valorizados en un aproximado de 18.5 millones.
● La OGAF otorgó la buena pro al Consorcio M-Táctico para la adquisición de 8.900 mochilas tácticas por S/9.6 millones.
● El 12 de noviembre del 2024, el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE) dispuso la adjudicación de compra de 3.146 chalecos antibalas al Consorcio Armory Onyx, luego de presentar una apelación contra el Consorcio Blindados que ganó inicialmente la licitación.
● La OSCE precisó que un plazo de tres días, Armory subsanará la nomenclatura de Onyx Detective Group Inc, empresa consorciada, de lo contrario, la buena pro no será admitida.
● En el 2020, La República reveló una serie de irregularidades atribuidas a Armory Supply para la adquisición de más de 8.000 chalecos antibalas tipo IIA, cuyo caso se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción.
