Un funcionario de Kansas que es asesor informal del equipo de transición del presidente electo estadounidense Donald Trump en temas de inmigración no prevé que haya deportaciones masivas que provoquen arrestos de migrantes en lugares delicados como escuelas e iglesias.
Sin embargo, el fiscal general estatal de Kansas, Kris Kobach, sí prevé que Trump tome medidas que desencadenarán un desafío jurídico en torno a la condición de ciudadanos de los niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes que viven en el país ilegalmente. También prevé que Trump aliente a los funcionarios policiales a nivel local y estatal a ayudar con las labores para arrestar y detener a migrantes.
Durante dos décadas Kobach ha sido uno de los abogados más influyentes en el movimiento republicano para restringir la inmigración ilegal. Es partidario de Trump desde hace tiempo, por lo que podría ser un aliado clave, dado que las autoridades federales de inmigración necesitan la cooperación estatal y local para poder hacer cumplir la promesa del presidente electo de implementar el mayor operativo de deportación en la historia de Estados Unidos.
Kobach dijo que mantiene contacto frecuente con el equipo de Trump, incluido Tom Homan, el zar de la frontera, y Stephen Miller, próximo subjefe de despacho de la Casa Blanca para políticas.
Los críticos de los planes de deportación masiva de Trump argumentan que él promete expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos y que logísticamente eso no es posible. Pero Kobach y otros aliados del presidente electo piensan que sólo una parte de esos migrantes tendría que ser deportada para que la iniciativa tenga éxito.
“Una vez que hay una labor masiva para hacer respetar la ley, entonces mucha gente comienza a irse por su cuenta”.
“Se le puede poner un multiplicador a ese número, y será una cifra mucho mayor. Empezarán a irse por su cuenta porque no quieren ser arrestados. Quieren irse bajo sus propios términos, y así que no sé —no sabemos— cuál va a ser ese número multiplicador, pero habrá uno”, dijo Kobach en entrevista con The Associated Press.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes temen que el gobierno de Trump rescinda una política de larga data de evitar arrestos de migrantes en lugares delicados como escuelas, hospitales y templos.
“No he oído hablar de esto. ... En primer lugar, no creo que sea probable que se arreste a estudiantes de primaria y secundaria. Van a ser los adultos los que serán el foco de las expulsiones.
“Hay algunos lugares que son mejores para hacer un arresto que otros. Hay razones por las que la política de un departamento de policía es diferente con respecto a una persecución a alta velocidad en un vecindario, que la de una persecución a alta velocidad en una autopista. Así que creo que probablemente tendrán que tomar decisiones sobre cuáles involucran el menor riesgo para el público”, dijo.
La nacionalidad por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, sin importar cuál sea el estatus legal de sus padres. Trump ha prometido ponerle fin, aunque sea un derecho marcado en la Constitución.
“Cualquier cosa que haga el gobierno de Trump ciertamente será sujeto de litigio, porque es uno de esos temas polémicos... Creo que el gobierno (entrante) tiene toda la intención de abordar este asunto en su segundo mandato”, explicó Kobach.
El gobierno de Trump necesitaría la ayuda de funcionarios estatales y locales en sus intentos por llevar a cabo la deportación masiva que prometió en campaña.
Una disposición en la ley federal de inmigración permite que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) haga acuerdos con agencias estatales y policiales con el fin de capacitar y autorizar a funcionarios para arrestar a migrantes.
“Pueden ser un factor que multiplique la fuerza del gobierno federal, y creo que eso es lo más importante y lo mejor que los estados y condados pueden hacer para ayudar. ... El punto es que se lanza una red diaria (de arrestos)”, detalló Kris Kobach.
El gobierno del presidente Joe Biden redujo el número de camas que el ICE tenía para detener a inmigrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente; sin embargo, en agosto la agencia emitió solicitudes de información sobre el potencial para crear nuevos centros de detención en Arizona, California, Nuevo México, Oregon y Washington, según muestran documentos.
Trump podría buscar establecer nuevos contratos con condados para mantener a inmigrantes en sus cárceles, y Kobach dijo que anteriormente trabajó como abogado para algunos condados de Texas, que tienen cárceles más grandes de las que requieren para encerrar a delincuentes locales.
