Cuando se dictó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori en el año 2018, el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue entrevistado en TV Perú. La conductora le pidió una opinión al respecto y este respondió: “Yo creo que los fiscales a cargo tienen razones suficientes para pensar que la señora en libertad podría evadirse, podría obstruir la justicia”. Luego, se le consultó si habría peligro de fuga. Dijo: “Sí, sin duda alguna. Y esas son las razones para evitar que se sustraiga del alcance de la justicia, dictan la detención preliminar. No olvidemos que la señora tiene un esposo norteamericano, podrían viajar fuera del país para eludir esta responsabilidad”.
La posición de entonces del premier –han pasado seis años– y la de ahora contrastan de manera evidente. El Gobierno sigue sin promulgar la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta iniciativa fue aprobada en el Congreso y exonerada de segunda votación el sábado 14, pero para que esté vigente tiene que ser promulgada. Lo puede hacer el Ejecutivo o el propio Legislativo, si el primero opta por no hacerlo en un plazo de quince días.
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El Congreso, presionado por la opinión pública y las instituciones del sistema de justicia, tuvo que enmendar y restituir la figura de la detención preliminar que había sido eliminada. Se esperaba que la promulgación sea inmediata. No ha sido así. Llama a sospecha porque justo en estos momentos el vocero presidencial, Freddy Hinojosa, se encuentra inmerso en una investigación en el contexto del caso Qali Warma. En el actual estado de cosas, no podría ser detenido de manera preliminar.
En una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, a la pregunta de por qué la demora en la promulgación, Adrianzén mostró su incomodidad. Dijo que estaban “dentro de los plazos legales”, que se trataba “de un tema absolutamente delicado” y que, desde el Ejecutivo, no querían “precipitarse” y “tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta”.
Adrianzén había dicho que el allanamiento al domicilio de Hinojosa que le parecía “insólito y desproporcionado”.