La policía catalana corrobora que el teléfono del expresident ya fue infiltrado un año antes de que el Centro Nacional de Inteligencia lo solicitara de forma oficial al Alto Tribunal
La Justicia mantiene imputada a la exjefa del CNI por espiar a Aragonès: “La investigación no está agotada”
Espiado sin permiso. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el expresident de la Generalitat Pere Aragonès fue espiado con el programa Pegasus en el año 2018 sin el aval que el Tribunal Supremo sí otorgó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un año después, según avanzan fuentes jurídicas a elDiario.es.
El informe pericial de los Mossos d'Esquadra confirma la sospecha que mantenían el juez Santiago García y la defensa de Aragonès, que ejerce el abogado Andreu Van den Eynde: el expresident fue espiado en julio de 2018 mediante una técnica similar a la que empleó el CNI para infiltrarse en su teléfono, con permiso del Supremo, entre julio de 2019 y marzo de 2020, periodo que también ha sido corroborado por la policía catalana.
La necesidad de investigar más y corroborar si el CNI espió a Aragonès sin aval del Supremo hizo que el magistrado rechazara, el pasado mes de abril, la petición para archivar la causa de la exdirectora del CNI Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por el espionaje. El nuevo informe pericial de los Mossos que confirma las infiltraciones apuntala los indicios contra Esteban en una investigación a la que le quedan pocos flecos antes de que el juez decida si la envía a juicio.
“Toda mi vida personal y política, espiada ilegamente con Pegasus [...]. El CNI y todos los implicados tiene que asumir su responsabilidad. Iremos hasta el final”, ha manifestado Aragonès en X.
La Audiencia de Barcelona ya apuntó, en contra de lo mantenido por la Abogacía del Estado (que defiende a la exjefa del CNI) y la Fiscalía, que existían indicios de espionaje en el móvil de Aragonès sin cobertura legal en julio de 2018, cuando Paz Esteban llevaba más de un año como secretaria técnica del centro, que entonces dirigía el general Félix Sanz Roldán.
El Supremo autorizó tres infiltraciones a Aragonès. La primera, en julio de 2019, con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que Aragonès coordinaba las acciones de los CDR, un extremo que en realidad nunca se dio.
No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluyó que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial. El juez encargó un informe pericial a los Mossos d'Esquadra, que ahora han confirmado lo que apuntaba el dictamen aportado por el expresident, tal y como ha ocurrido con otros independentistas espiados.
La sospecha de la defensa del expresident consiste en que el CNI lo espió de entrada sin permiso en 2018, y que las peticiones posteriores al Supremo basadas en que era un dirigente de los CDR solo sirvieron para intentar dar cobertura a esa primera infiltración sin aval judicial.
El caso del espionaje al expresident es el que cuenta con una investigación más avanzada de la decena de querellas de espiados que están repartidas por los juzgados de Barcelona. Aragonès fue uno de los 18 nombres de independentistas que el CNI admitió haber espiado. Lo reconoció la propia Paz Esteban en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.
El informe pericial de los Mossos supone la prueba del algodón a una causa que encara su recta final de la investigación después de una desclasificación inédita pero incompleta por parte del Gobierno a los autos del Supremo que, a petición del CNI, autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès.
El instructor quería saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.
El juez también solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès. Pero el Gobierno rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.
Otro juez de Barcelona ha reactivado las pesquisas respecto al espionaje con Pegasus a tres dirigentes de la CUP, los exdiputados en el Parlament Carles Riera y David Fernández y el exdiputado en el Congreso Albert Botran. Tras más de dos años de peticiones de la Fiscalía y de la defensa de los exdiputados, que ejerce el abogado Benet Salellas, el juez José Antonio Cruz de Pablo ha dado un impulso al caso con una batería de diligencias.
Entre las solicitudes acordadas por el juez, destacan varios requerimientos al CNI, el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil. A los cuatro organismos les reclama, tal y como pedía Salellas, si tienen constancia de haber “adquirido o utilizado” Pegasus para espiar a los cupaires. El juez también pregunta a la Intervención General de la Defensa para rastrear si se ha pagado alguna cantidad por Pegasus, un programa que la empresa israelí NSO solo comercializa con Estados.
