Los aranceles, también conocidos como derechos, cuotas, tasas o tarifas, son impuestos aplicados al comercio exterior que se calculan en porcentajes, valores específicos, o una combinación de ambos.
Estas tarifas se basan en el valor o precio de los bienes, sirviendo como base para determinar el impuesto de importación o exportación correspondiente.
Son considerados el instrumento más transparente de la política comercial y están reconocidos por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT/OMC), como parte integral de la Organización Mundial del Comercio.
Si bien los aranceles pueden percibirse como barreras al comercio internacional, su transparencia radica en que compradores y vendedores, antes de realizar una operación aduanera, conocen de antemano los costos y los impuestos a pagar.
Esto permite determinar el INCOTERM adecuado, así como evaluar la viabilidad de la compraventa internacional.
Entre los argumentos en favor de los aranceles se encuentran la protección de sectores industriales emergentes, el comercio estratégico, la defensa de industrias críticas para la seguridad nacional y la lucha contra prácticas desleales de comercio, como el dumping y las subvenciones.
Por ello, los aranceles tienen un carácter extrafiscal: no buscan exclusivamente recaudar ingresos para el erario, sino también proteger sectores productivos estratégicos. Como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “...pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos”.
El principal efecto de los aranceles es desalentar las importaciones, ya que aumentan el precio doméstico de los bienes importados, reducen su consumo y fomentan la producción interna.
Sin embargo, esta política también puede generar ineficiencias económicas, conocidas como el costo de protección arancelaria, al impactar negativamente el bienestar del país mediante un aumento de precios y una menor competitividad.
En el contexto del comercio internacional contemporáneo, los aranceles han sido objeto de distorsiones debido a intervenciones gubernamentales, como subsidios a las exportaciones, cuotas de importación, restricciones voluntarias de exportación y requisitos de contenido nacional.
Estas medidas, junto con disputas comerciales, reflejan la lucha constante por ganar mercados internacionales, a pesar de los principios del GATT/OMC que promueven la transparencia, la eliminación de obstáculos y la no discriminación.
En México, la política arancelaria cumple dos funciones principales:
El Aspecto fiscal o recaudatorio: Busca generar ingresos para el erario mediante tributos a las importaciones y exportaciones, aunque actualmente este objetivo tiene un peso limitado en la política arancelaria nacional.
Y el Aspecto extrafiscal: Protege a la industria doméstica frente a la competencia de productos extranjeros, fomenta la sustitución de importaciones, evita la salida de divisas y mejora la balanza comercial. En el caso de las exportaciones, los aranceles también se utilizan para controlar la salida de bienes estratégicos, proteger el mercado interno y promover la competitividad de productos nacionales.
Un ejemplo reciente de la relevancia de los aranceles fue la amenaza del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 25 % a productos mexicanos, lo que generó incertidumbre, especialmente en la industria automotriz. Empresas como Mazda, Tesla, Stellantis y BYD han manifestado preocupación y han reconsiderado inversiones en México.
Ante esta situación, el país debe diseñar una estrategia integral que involucre a los sectores industriales, cámaras empresariales, partidos políticos y al gobierno federal.
Adicionalmente, México necesita un “Plan B” para sustituir componentes importados de China por insumos provenientes de Norteamérica, fortaleciendo así su posición frente a posibles amenazas arancelarias.
El autor es Socio-Director de CS ENCOR, Asesor Especializado sobre PORT-LAREDO.
