José Luis Ábalos ha denunciado a la Guardia Civil por investigarle “ilegalmente”. El exministro socialista ha pedido al Ministerio Público que reclame un oficio de la UCO relativo a la interceptación de unas comunicaciones que le afectarían directamente. Además, ha solicitado que tome declaración al que fuera subsecretario de su departamento, Jesús María Gómez Martín. Asimismo, ha puesto en el punto de mira al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por esta actuación, aunque ha matizado que no considera que esté espiándole.
Según ha explicado Ábalos en una rueda de prensa en el Congreso, la actuación policial que ha denunciado se dio el 4 de noviembre de 2023, hace más de un año, y ha detallado que ha tenido conocimiento de este hecho "casualmente", en el marco de la investigación judicial que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo. "Me niego a normalizar este tipo de prácticas", ha afirmado, molesto, que considera "grave para la democracia" que se produzcan investigaciones "al margen de una autorización judicial" ya que considera que la actuación policial tampoco puede enmarcarse en un "hallazgo casual".
En este sentido, Ábalos ha señalado también a Marlaska ya que hace unos meses hizo unas preguntas parlamentarias por escrito al Ministerio del Interior para que aclarara si estaba siendo objeto de una investigación, pero el Gobierno dio una respuesta poco clara: "La respuesta que tuve fue que la policía judicial solo investiga bajo mandato judicial. No me parece que este sea el caso". "Invito al ministro a que reconsidere esta respuesta", ha añadido.
No obstante, tampoco ha querido acusar a Marlaska de estar espiándole, sino que ha dejado entrever que tiene que tomar cartas en el asunto. "De tener conocimiento de eso, le perturbaría muchísimo porque además es juez. Pero le instaría a que no cerrara las cosas de forma apresurada y que cualquier indicio de este tipo lo aborde y este es muy fundamentado. Les cuesta muy poco, media hora como mucha, saber si se ha investigado. Pero que no se me conteste con algo tan obvio como que la policía judicial tiene que tener mandato judicial", ha añadido.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el exministro socialista explica que se habría vulnerado un derecho fundamental suyo dado que, en el marco de la investigación sobre el caso Koldo, se interceptó al hermano de su entonces asesor, Joseba García, documental que le afecta. Teniendo en cuenta que está aforado y que todavía no se ha autorizado su investigación por el Congreso de los Diputados, el exministro considera que estos hechos deben investigarse.
El exdirigente socialista explica en su denuncia que los hechos se remontan a noviembre del año pasado, cuando Joseba García, hermano de Koldo García, tenía previsto entregarle en su domicilio de Valencia documentación relativa a los contratos de pandemia que, a su vez, le había facilitado Koldo, teniendo en cuenta que entonces era asesor suyo en el Ministerio de Transportes.
En el trayecto desde la ciudad de Alicante hacia Valencia el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR) llevó a cabo un control sobre el vehículo de Joseba García. Lo inspeccionaron y localizaron un sobre que había sido entregado por el entonces subsecretario de Transportes. El mismo iba nominado en la parte delantera para José Luis Ábalos y en el anverso figuraba el sello oficial del Ministerio de Transportes.
Ábalos expone que la Guardia Civil tuvo conocimiento de que le iban a entregar este sobre, toda vez que en noviembre de 2023 la Audiencia Nacional ya había admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Koldo y estaban rastreando las comunicaciones de los investigados. El que fuera secretario de organización del PSOE sostiene que los agentes se aprovecharon de la interceptación de las escuchas para averiguar que iba a recibir esta documental y así incautarla.
Se trataba de una resolución del Consejo de Transparencia relativa al requerimiento del abogado Ramiro Grau (denunciante del caso) sobre los contratos con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión; un informe sobre la fiscalización de dichas adjudicaciones de pandemia y la respuesta del Ministerio de Transportes a dicho requerimiento.
A su juicio, estos hechos son "de suma gravedad" puesto que vulnerarían su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. "Yo era el destinatario de dicha documentación y nunca consentí que se abriera, como tampoco a día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo que motive la apertura de la correspondencia", asegura
