La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado remitir ya al Congreso de los Diputados el suplicatorio de José Luis Ábalos para que la Cámara Baja decida si autoriza al alto tribunal investigar al exdirigente socialista. De esta forma, responde a la decisión del instructor del "caso Koldo", el magistrado Leopoldo Puente, de dar ese paso para poder actuar penalmente contra él dada su condición de aforado. La Sala acuerda que "se suspende por ahora la tramitación de las presentes actuaciones en cuanto se refiera al aforado" hasta que el Congreso "resuelva lo que tenga por conveniente".
La petición se remitirá directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a través de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
El instructor atribuye a Ábalos cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En la resolución en la que acuerda cursar el suplicatorio -tras su declaración voluntaria el pasado viernes- el magistrado Leopoldo Puente asegura que de las declaraciones prestadas tanto por el exministro como por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor de Ábalos, Koldo García, de los documentos aportados por ellos y de las intervenciones telefónicas y registros practicados "existen elementos bastantes" para considerar que Ábalos "prevaliéndose de su condición" de ministro de Transportes "y a cambio de determinados beneficios económicos" pudo "haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia". Sobre todo, añade, en contratos relativos a "la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad".
El instructor apunta en esa resolución que la investigación ha puesto de relieve que Aldama, "aprovechando la relación personal que le unía" con el entonces ministro y con Koldo García "habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión". Y también podría haber obtenido -señalaba- "antes y después por un procedimiento semejante la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública".
Así, apuntaba el magistrado del alto tribunal, existen indicios de que Koldo García "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización" y en las que Ábalos "también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado".
Y aunque Ábalos negó en su declaración "la percepción de cantidad económica alguna como consecuencia de la adjudicación" de los contratos bajo sospecha, el instructor ponía de relieve que su manifestación al respecto "no se aviene con los indicios" que han aflorado contra él, "que se concretan en diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada".
Y se refiere expresamente a que Ábalos "pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago", por parte de Aldama, "o de personas terceras por él interpuestas", de los "alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental" del titular de Transportes, Jessica Rodríguez, así como que "podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación" del comisionista "el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa" (en la urbanización La Alcaidesa del municipio gaditano de La Línea de la Concepción). Y, por último, el juez considera que habría obtenido también de Aldama "un contrato de alquiler con opción de compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, contrato en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), para el caso de que se ejercitara la opción, aparentemente muy inferior al de mercado" (que se situaría en 1,9 millones de euros).
