Parece que aún se puede caer más bajo. Si las investigaciones fiscales son certeras, el Congreso anidaba en su interior una red de prostitución dirigida por Jorge Torres Saravia, hombre cercanísimo a César Acuña y que ofrecía los servicios sexuales de sus contactadas a los propios parlamentarios, probablemente, a cambio de votos.
En este punto de la historia se cruza además otro episodio que incluye la supuesta delación de una de las integrantes de la red, la abogada Andrea Vidal, quien luego acabó abaleada y muerta, en un oscuro incidente en el que también fue asesinado el chofer del taxi que la conducía.
Para agravar la situación, se intentó borrar toda referencia del ahora investigado por la Fiscalía en la web del Congreso, en un acto por lo demás tardío y vergonzante.
El abogado y ahora investigado por montar la red de prostitución en el Parlamento tiene un historial delictivo que incluye agresiones sexuales y denuncias de mujeres por casos de dopaje y violación. Este personaje no solo ha trabajado en el Congreso, sino recientemente también ha ejercido un cargo público en el Ejecutivo.
Si agregamos a esta trama que el silencio congresal se ha roto recién ayer, luego de la multiplicación de información en redes sociales, estamos frente a un suceso que confirma la ilegitimidad del Congreso, ese poder que precisamente le da mínima estabilidad al irrelevante régimen de Dina Boluarte. Es un caso que, de confirmarse, debería provocar la muerte política de los responsables, porque agravia a los ciudadanos, atenta contra la majestad de los poderes públicos y arrastra por el lodo a la clase política partícipe de este envilecimiento moral que parece no dejar de corroerlos.
