El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños
Que un Gobierno con el agua al cuello tenga el valor de intentar legislar sobre libertad de expresión es algo que sólo ocurre con los regímenes totalitarios que se ven a punto de perder el poder. Y eso, cada vez más, es lo que parece que tenemos en España. O incluso peor. Aquí soportamos a un presidente del Gobierno acosado en múltiples frentes que pretende frenar por ley lo que puede decirse respecto de sus actuaciones.
Ahora se han inventado el intentar hacer una distinción entre los medios tradicionales y los digitales, entre los que sin duda cuentan a El Debate, que en realidad sólo es superado en antigüedad en Madrid entre los «tradicionales» por ABC. No diré yo que haya que consentir una anarquía entre los medios de comunicación, pero sí creo que con el Código Civil y el Penal vigentes hay medios sobrados para proceder contra cualquier delito que se cometa en la red. Si el Gobierno no es capaz de identificar y procesar a un delincuente digital que tenga 10.000 seguidores, ¿por qué lo va a procesar mejor si tiene 250.000 seguidores? ¿La libertad de expresión sólo puede serlo si no te escucha casi nadie?
El derecho de rectificación ha existido desde hace décadas. En la ley de 1984 que ahora se borra –redactada bajo la mayoría abrumadora del PSOE de Felipe González– ya se estipulaba el derecho de rectificación. Como no puede ser de otra forma. Si yo publico algo que afecta a un tercero y él considera que lo dicho es erróneo, está en su derecho de hacerlo constar y mi periódico en la obligación de recogerlo. Pero lo que se deduce de este proyecto de ley es que la información original debe aparecer señalada como si fuera un leproso: «Esto es tóxico. No acercarse a ello». Un medio puede tener la obligación de que el denunciado haga constar su rectificación, pero no la obligación de descalificar su propia información si los argumentos del que replica no resultan convincentes más que al propio replicante.
Que en un momento en que el Gobierno de la nación sufre un acoso ante la Justicia como no ha vivido ningún Gobierno en la historia de nuestra democracia, la reacción sea limitar la libertad de expresión es algo que nos demuestra que damos un paso tras otro hacia la dictadura. Jamás un Gobierno de signo contrario hubiera tenido el valor de tomar una iniciativa así. Pero, sobre todo, y como periodista, para mí éste es el signo más triste del momento que vivimos: si un Gobierno de signo contrario efectivamente hubiera dado un paso similar, la profesión se hubiera levantado de modo casi unánime contra la iniciativa totalitaria. Ayer vimos infinidad de medios con reacciones justificativas de la iniciativa del Consejo de Ministros. Empezando por nuestro colega Carlos (Elordi) Cue en la rueda de prensa en la que es el preguntador estrella. Ni la más mínima denuncia iba implícita en la pregunta sobre esta materia.
Sépanlo, estimados lectores. Quieren acabar con medios como El Debate. Vienen a por nosotros. Claro que alguna vez podemos equivocarnos. Como ocurre en toda obra humana. Tampoco ha sucedido tanto en más de tres años de trayectoria en esta segunda etapa del diario. Pero de lo que se trata es de desprestigiar primero y cegar después un medio como El Debate que no les gusta y que a estas alturas tiene una media diaria de 1,3 millones de visitas. Lleno de caridad cristiana, permítame aconsejarle, señor Bolaños, que, respecto a El Debate, es mejor que, imbuido por su mandilón, dedique sus esfuerzos a otro objetivo porque aquí va a pinchar en hueso.
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