La formación morada considera que la reacción del Consell a la catástrofe del 29 de octubre "determinó que la población no pudiera tomar medidas adecuadas de auto protección"
El complejo horizonte judicial de Mazón por la gestión de la DANA: todos los delitos que le atribuyen los denunciantes
Podemos ha registrado una denuncia por la gestión de la DANA que no se dirige, de entrada y específicamente, contra el president Carlos Mazón. La formación morada considera en su denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que existe una “relación causa-efecto” entre el “incorrecto funcionamiento de los servicios de emergencia” autonómicos y los 223 “presuntos delitos de homicidio imprudente” acaecidos el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica DANA. María Teresa Pérez, coportavoz de Podemos y líder de la formación en el País Valenciano, ha anunciado este miércoles su denuncia por la catastrófica gestión de la emergencia, dirigida al juzgado de instrucción de València que le corresponda por turno de reparto. Podemos solicita su personación como acusación popular por el “evidente” interés público de un procedimiento en el que se enmarcan indicios de presuntos delitos “relacionados con el incorrecto funcionamiento de las instituciones públicas”.
La formación ha denunciado los hechos precisamente el día después de que la Fiscalía se pronunciara a favor de que las siete denuncias y querellas ya presentadas contra Mazón y otros miembros de su Ejecutivo se investiguen por parte de un juzgado de instrucción y no por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Así, la estrategia jurídica de la formación morada, en la línea de las conclusiones del Ministerio Público, se centra en incidir en primer término en la responsable directa de la gestión de la emergencia —la exconsellera Salomé Pradas— en busca de indicios sólidos de presuntos delitos por parte del aforado Carlos Mazón. A juicio de María Teresa Pérez, el “culpable y máximo responsable” es Mazón.
El equipo jurídico de Podemos que se encarga de la denuncia, formado por los letrados Jaime Montero y Gorka Vellé, destaca la “tardía” declaración de la emergencia por parte de la Generalitat Valenciana y el “consecuente tardío” empleo del sistema de avisos automático Es-Alert, que llegó a los móviles de la población cuando cientos de ciudadanos estaban sufriendo las inundaciones. “Dicha tardanza determinó que la población no pudiera tomar medidas adecuadas de autoprotección y se viera sorprendida en sus quehaceres habituales por las inundaciones, con el catastrófico resultado por todos conocido”, indica la denuncia.
La formación morada repasa tanto la dinámica meteorológica de la DANA como los factores geográficos que “agravaron” las inundaciones, tales como la orografía, la “urbanización descontrolada”, incluso en “zonas de riesgo”, o la impermeabilización del suelo, que “contribuyeron” a que el agua no pudiera ser absorbida, “aumentando el flujo superficial”.
Además, la denuncia también detalla el “factor humano” de la tragedia. Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) “aparentemente no determinaron una pronta actuación de los servicios de emergencia autonómicos”. Podemos recuerda que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana activó el nivel 2 de emergencia a las 15.00 en la comarca de Utiel-Requena y a las 19.17 en toda la provincia de València, mucho después de que estas zonas quedaran afectadas por la barrancada.
La denuncia de Podemos también repasa la normativa estatal y autonómica. La responsabilidad de notificar la alerta masiva a los móviles recae en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, con sede en l'Eliana. Cuando se activa el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi, convocado a las 17.00 del pasado 29 de octubre), éste puede “tomar la decisión estratégica” de activar el sistema Es-Alert.
El Centro de Coordinación de Emergencias dependía, en última instancia, de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces dirigida por Salomé Pradas. Aunque no cita explícitamente a Pradas, la denuncia destaca que, según la ley autonómica, le correspondía ejercer el mando único de la emergencia. Aunque Mazón asumió en la práctica el mando único de la respuesta a la catástrofe los primeros días, nunca se plasmó sobre el papel. Lo cual deja a Salomé Pradas, que ya no es aforada, como presunta principal responsable.
La denuncia también pide que se libren sendos oficios a la Aemet, la CHJ, el Cecopi, la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana para que libren sus respectivos informes sobre la actuación el día de la DANA. En el caso del Ministerio del Interior, Podemos pide específicamente un informe sobre el uso el 29 de octubre de la tecnología Es-Alert, integrado en la Red de Alerta Nacional.
