Comentaba la semana pasada, en esta sección, sobre el reciente anuncio de compras millonarias de armamento por 3,500 millones de dólares que pretende hacer el gobierno del Pacto Corrupto en el 2025. Entre otros propósitos: poderosos —y costosos— aviones de combate. Solo necesarios para una “guerra mayor”, ¿cuál?
El anuncio de la compra millonaria genera fundadas sospechas. No solo por provenir del Pacto Corrupto, sino por la historia reciente del Perú: compras de equipamiento militar asociadas a gigantesca corrupción.
Esta sorpresiva, millonaria e insostenible nueva prioridad en el gasto público no guarda relación alguna con los principales problemas que más afectan a millones de personas. Entre ellos destaca la inseguridad interna, para la cual los gastos anunciados no ayudarán en nada.
Da que pensar las reacciones airadas de algunos miembros del gobierno, que estos días han confrontado rabiosamente el cuestionamiento a esas compras (alegando, falsamente, que cuestionarlas constituiría un “ataque” a las fuerzas armadas).
Hay grandes escándalos de corrupción en el pasado reciente por este tipo de compras. Por ejemplo, durante la década Fujimori/Montesinos, cuando se dio la última compra importante de aviones caza: 18 interceptores MiG-29 y 18 de ataque a tierra Sukhoi Su-25. Todos equipos usados y comprados a sobreprecio entre 1996 y 1998, en momentos en que aún se mantenía la tensión fronteriza con Ecuador.
Se sabe que el gobierno de ese entonces pagó 536 millones de dólares, de los que 320 millones habrían sido en sobornos, según la justicia peruana, que condenó a siete importantes funcionarios por el caso. Empezando con Montesinos, quien aceptó haberlos recibido.
De acuerdo con información publicada por periodistas de investigación sobre ciertas adquisiciones militares durante la “gestión” del Pacto Corrupto, las cosas tampoco habrían sido transparentes. Lo ha afirmado, por ejemplo, una periodista como Laura Vásquez Benavente —no desmentida— que así lo indica: la Contraloría General de la República estaría investigando algunas compras recientes por el Ejército que considera “sospechosas”. Y ha puesto bajo el reflector nada menos que a los actuales jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Pese a la gravedad de las imputaciones, todo indica que ninguna acción se ha iniciado por el Ejecutivo ante estos procesos cuestionables. Con la historia que tenemos, información como esa debiera merecer atención prioritaria. No adelanto juicio u opinión penal al respecto. Solo recojo y reproduzco esta información; suficiente para poner atención ante compras que se pretenda hacer dentro del actual contexto de autoridades gubernamentales y militares.
Inaceptable que la anunciada compra pase a tener preferencia y prioridad sobre exigencias dramáticas en seguridad ciudadana, salud pública, vivienda y educación. Que deben ser la saltante prioridad. Existen los recursos presupuestales, pero si se reajustan las prioridades hacia lo fundamental: ¡la gente!
Empecemos por la masiva desnutrición infantil. El 40% de niños en el Perú, de 6 a 35 meses, sufre de anemia. Es decir, casi 700 mil niños menores de 3 años son anémicos (1.6 millones a nivel nacional). ¡Resolver esto es lo urgente! Pues afecta directamente el desarrollo cognitivo y conductual, generando limitaciones en el aprendizaje y la socialización, e incluso puede llevar a la muerte.
Así, combatir la desnutrición infantil y la anemia debe ser un objetivo medular. Con un enfoque integral: programas de suplementación nutricional, mejora del acceso a servicios de salud y educación para las familias. También, inversiones en infraestructura básica, como agua potable y saneamiento. Asimismo, intervenciones focalizadas en regiones vulnerables como Huancavelica, Loreto y Amazonas.
Consultando con expertos, se constata que existen los montos que se requieren reorientando partidas hacia partidas extraordinarias para luchar contra el hambre y la desnutrición infantil. Con el equivalente a US$ 500 millones de dólares para un año se pueden financiar programas eficaces en cuatro objetivos medulares.
Si se atienden a 700,000 niños con anemia (40% de los niños de 6 a 35 meses), el costo sería de US$ 35-70 millones al año.
Un programa integral para reducir significativamente la desnutrición infantil podría requerir entre US$ 700 millones y 1,000 millones anuales. Menos del 2% del presupuesto nacional, que es de alrededor de US$ 52,000 millones. Curioso que el Pacto Corrupto no pueda —ni quiera— organizar las cosas así.
Lo anterior, más que un “gasto”, es una “inversión que genera beneficios económicos generales a largo plazo. Para el Banco Mundial, cada dólar invertido en programas de nutrición puede generar un retorno de entre 4 y 16 dólares, al mejorar la productividad y reducir costos en salud y educación. Y serían programas que, además, pueden contar con la cooperación de organismos internacionales, como UNICEF o el Banco Mundial. Y hasta desde las hostilizadas y perseguidas —por el Pacto Corrupto— organizaciones no gubernamentales (ONGs).
En cuanto a vivienda, como en esta columna se ha demostrado, los 12 mil millones de soles “traducidos” a bonos para vivienda podrían dar a 400,000 familias —¡al fin!— acceso a una vivienda digna.
Y escuelas: con solo parte de los montos previstos para esa sospechosa adquisición de juguetes bélicos, más de 250,000 escolares podrían acceder a un colegio con infraestructura de primer nivel.
Finalmente, hospitales A-1: podrían construirse al menos 3-4 hospitales nuevos de esa categoría. Repercutiendo, cada uno, en la salud de millones de personas.
Preferir gastar ahora millones en compra de armas y dejar de lado la salud y la educación solo merece una calificación: ¡Traición al Pueblo!
