La Comunidad Campesina de Quipán, Canta, logró que el Poder Judicial sentencie al exdirigente Abel Mosquera Ortiz por haber vendido fraudulentamente 10.000 hectáreas a la compañía Industrias Argüelles Servicios Generales. Pero los campesinos todavía no pueden recuperar el predio.
En 2017, la comunidad de Quipán denunció en un juzgado civil a la empresa Argüelles por haber adquirido a Abel Mosquera el terreno por el precio irrisorio de S/600.000. Ahora demandan la anulación del contrato y el retorno del predio a sus manos.
En octubre de 2023, el titular del Cuarto Juzgado Civil de la Corte de Lima Norte, Juan Carlos Dávila, dispuso que la perito judicial Mónica Orozco López emita un informe sobre el valor del terreno de Quipán. Pero en dos ocasiones, extrañamente, Orozco no se presentó.
En junio de este año, el juez Dávila decidió sustituir a la perito Orozco por Carlos Carhuavilca Mechato. Sin embargo, medio año después, Carhuavilca todavía no se ha pronunciado, por lo que la devolución del predio de Quipán virtualmente se ha truncado.
La defensa de la comunidad de Canta ha presentado una tasación ante el juzgado que señala que el terreno vendido fraudulentamente a S/600.000 tendría un valor real de S/10.231.600. Por lo que la empresa Argüelles solo abonó el 5,86% de lo que señala la tasación de la comunidad.
SIN TERRENO NI JUSTICIA
Por su parte, Industrias Argüelles Servicios Generales también elevó su propia tasación, según la cual el valor del terreno era de S/570.000 cuando adquirió el predio en 2016.
De acuerdo con la versión que ofreció en su momento el apoderado de Argüelles a La República, Alejo Berrocal Vergara, la adquisición la hizo la empresa de “buena fe”, cuando el terreno “era inhóspito y no servía para cultivar ni para vivir”.
Berrocal añadió que en la actualidad el valor del terreno se ha incrementado debido a las mejoras que ha hecho la compañía, y que la empresa acatará lo que decida el juzgado civil.
Argüelles es una empresa dedicada al recojo de desperdicios y al alquiler de vehículos para el mismo fin, y ha suscrito millonarios contratos con varios distritos limeños, como Santiago de Surco, La Molina y Comas.
En plena disputa judicial por la recuperación del terreno de 10.000 hectáreas, el presidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino Gonzales, fue asesinado por dos sicarios en motocicleta cerca de su vivienda en Carabayllo, el primero de abril de este año.
Ocho meses después, las autoridades no solo no han identificado a los criminales, sino tampoco a los financistas del homicidio de Santiago Guardamino, quien cumplía un papel clave tanto en el proceso penal como en civil para recuperar el predio de Quipán.
Poco antes del homicidio, el 5 de febrero de este año, Santiago Guardamino informó a su comunidad la situación de los procesos judiciales sobre el terreno. Las actuales autoridades de Quipán han decidido que, una vez que recuperen el predio, no lo van a poner en venta.
QUIPÁN BUSCA RECUPERAR TERRENO
● En una declaración testimonial ante el Ministerio Público, el 20 de este año, Santiago Guardamino afirmó que por acuerdo de la Comunidad Campesina de Quipán suscribió un acuerdo con una empresa para transferir la propiedad, una vez resueltos los problemas judiciales.
● Doce días después de esta declaración, Santiago Guardamino fue acribillado por sicarios.
● El abogado de la comunidad, Efrey Becerra Garay, señaló a La República que actualmente no hay acuerdo con ninguna otra empresa y que la comunidad está concentrada únicamente en la recuperación de las 10.000 hectáreas y no en venderlas.
