El acuerdo amplía significativamente el régimen simplificado de ejecución mutua de resoluciones judiciales, extendiéndolo a las resoluciones de los tribunales de jurisdicción general, previendo las obligaciones del deudor de pagar dinero a favor del reclamante. El acuerdo también prevé garantías claras de respeto de los derechos del reclamante y del deudor.
