La causa abierta en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos aguarda el suplicatorio del Congreso de los Diputados para poder echar a andar. El procedimiento está pendiente de que la Cámara Baja dé luz verde a la petición del alto tribunal puesto que hasta que no se autorice la investigación al diputado no se podrá iniciar una investigación formal contra él.
Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN explican que, hasta el momento, la única alternativa que tenía sobre la mesa el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, era ofrecerle declarar de manera voluntaria, como hizo. Sin embargo, no se puede actuar contra el exdirigente socialista de manera formal ni tampoco impulsar ninguna diligencia de investigación sobre su persona hasta que el Congreso de los Diputados acceda a la solicitud formulada.
En este sentido, el Congreso tiene la potestad de rechazar el suplicatorio, pero nada hace ahora mismo pensar que se va a dar ese escenario. Y eso que, en la jornada de ayer, hubo unos minutos que el PSOE sembró alguna duda al evitar dar un "sí" claro al apoyo de la autorización solicitada por el Supremo para investigar a Ábalos. Aclarada esta cuestión, fuentes parlamentarias consultadas por LA RAZÓN, señalaron que la intención de Francina Armengol es acelerar al máximo la tramitación del suplicatorio y, de hecho, maneja el escenario de habilitar el mes de enero ya que, reglamentariamente, es una cuestión que solo puede despacharse durante el periodo de sesiones (es decir, a partir de febrero).
No cabe olvidar que el papel de Armengol es capital para la tramitación del suplicatorio y cualquier maniobra puede ser vista con suspicacias en un momento en el que ella ha conseguido sacudirse ya buena parte de la presión por el «caso Koldo». En este sentido, la presidenta del Congreso es quien recibe el suplicatorio y es quien da inicio al trámite: de hecho, según el artículo 14 del Reglamento del Congreso, se dará por denegado «si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales» (sin contar enero).
En caso de que Armengol opte por tramitarlo previo acuerdo de la Mesa (compuesta por cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar), lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que allí, en el plazo de 30 días, se elabore un informe tras haber escuchado a Ábalos (fuentes parlamentarias indican que se tardará menos y menos aún teniendo en cuenta que está presidida por el PP). Ahí deberá comparecer Ábalos, en todo caso. Tras ello, se celebrará una votación en el Pleno del Congreso, donde el PSOE no tiene nada que hacer porque Sumar ya ha anunciado su voto a favor del suplicatorio.
El procedimiento penal nació en la Audiencia Nacional en septiembre de 2023 por la adjudicación de los contratos en pandemia y se derivó al alto tribunal al constatar el presunto «papel principal» del exministro de Transportes en esta trama. José Luis Ábalos ya compareció ante el Tribunal Supremo, aunque en un principio pidió al juez que suspendiera el interrogatorio para poder prepararse su declaración, finalmente accedió a ser interrogado por cuatro delitos.
El exministro reculó después de que Puente advirtiera que él no iba a marcar los tiempos del procedimiento y que su negativa abría la puerta a pedir el suplicatorio. Este aviso sirvió para que Ábalos declarara y negase cualquier irregularidad con los contratos de pandemia, así como el presunto cobro de mordidas o el amaño de las adjudicaciones millonarias de su Ministerio. Sin embargo, el magistrado Puente quiere darle impulso a la causa y por eso se ha dirigido al Congreso. En su auto de este miércoles, expuso que Ábalos habría intervenido en la adjudicación de los contratos de emergencia a Soluciones de Gestión y, a cambio, habría disfrutado de los "ilícitos beneficios económicos" que estos presuntos amaños le reportaron.
