Washington. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, investiga “por motivos políticos” al gobierno del presidente Bernardo Arévalo en lugar de combatir la corrupción y el crimen organizado, acusó este miércoles Human Rights Watch.
Desde la investidura de Arévalo en enero, el Ministerio Público “ha iniciado investigaciones penales contra su gobierno sin presentar evidencia que sustente las acusaciones”, denunció la oenegé en un informe.
“La fiscal general Porras, quien lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones, abusa de su cargo al perseguir penalmente a funcionarios de gobierno sin evidencia creíble”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, citada en la nota.
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“En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la fiscal general impulsa investigaciones selectivas para socavar a un gobierno al que se opone”, añadió.
Entre agosto y noviembre, Human Rights Watch entrevistó a 11 personas y revisó documentos y declaraciones de funcionarios del Ministerio Público. El 2 de diciembre envió una carta a la fiscal general solicitando información.
“No hemos recibido respuesta hasta la fecha”, señaló la oenegé.
El Ministerio Público inició al menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel y solicitó en seis ocasiones a la Corte Suprema que retire la inmunidad de Arévalo para investigarlo penalmente.
Human Rights Watch concluyó que el Ministerio Público “formuló múltiples investigaciones contra funcionarios gubernamentales por delitos, como ‘abuso de poder’, basándose en hechos que no parecen ser delictivos”.
Según la oenegé, el Ministerio Público “cerró investigaciones sobre presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de una empresa rusa con operaciones en Guatemala y de un exfuncionario señalado por corrupción”.
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Porras enfrenta sanciones de la Unión Europea (UE) “por acciones que socavan la democracia” y de Estados Unidos por “participación en importantes hechos de corrupción”.
Sin embargo, Arévalo no puede destituirla, ya que la ley solo permite remover al fiscal general si es condenado en un proceso penal.
El presidente mantiene una iniciativa en el Congreso para modificar esa legislación. También intentó que la justicia procese a Porras por varios delitos, como incumplimiento de deberes por negarse a participar en una reunión de gobierno.
