La Contraloría General de la República determinó que existe un riesgo de que el combustible otorgado a precio subsidiado a la flota pesquera nacional “sea utilizado en actividades ilícitas”, debido a una serie de debilidades en los controles del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
A esta conclusión llegó el ente fiscalizador luego de realizar una auditoría sobre la exoneración concedida por el Instituto a 1.393 beneficiarios entre el 1.° de enero del 2023 y el 30 de abril del 2024, a quienes se les entregó un total de 40 millones de litros de hidrocarburo
El estudio, divulgado este miércoles, señala que Incopesca realiza inspecciones “débiles y escasas” sobre el uso del combustible, pese a marcadas diferencias halladas entre la cantidad de litros pendientes de retiro por parte de los beneficiarios y la capacidad disponible en los tanques de almacenamiento. En algunos casos, la diferencia alcanza hasta 72.341 litros.
También indica que alrededor del 57% de los trámites realizados por Incopesca en el periodo estudiado para otorgar el beneficio presentaron deficiencias en contenido, uso y revisión de los documentos entregados con las solicitudes, tanto por los beneficiarios como por las organizaciones pesqueras.
La Contraloría identificó irregularidades como convenios vencidos al momento del trámite, tarjetas con firmas incompletas, solicitudes gestionadas por personas no autorizadas y boletas de control desactualizadas.
Desde hace 30 años, Incopesca exonera del pago del impuestos al diésel y la gasolina regular a los pescadores que tienen una licencia de pesca comercial o turística activa.
El beneficio le cuesta al Estado, en promedio, ¢7.667 millones anuales. Ese monto equivale al presupuesto de cada una de las municipalidades de Garabito, Osa y Paraíso para el 2024 y supera el plan de gastos de otros 56 municipios del país, para este mismo año.
La auditoría también detectó inconsistencias en la cantidad de litros autorizados por trámite. Según el informe, a dos embarcaciones con motores de potencia similar, que usaban el mismo tipo de combustible y estaban programadas para la misma cantidad de días de pesca, se les asignaron volúmenes de combustible muy distintos: una recibió 19.327 litros, mientras que la otra, solo 6.875.
Hay casos a los que se les autorizó una cantidad de litros distinta a la obtenida con las opciones de cálculo establecidas en la normativa, o muy superior a la capacidad de su tanque.
Informe DFOE-SOS-IAD-00014-2024, página 3.
Según la auditoría, Incopesca argumentó que en estos casos es necesario considerar variables como las especies que se van a pescar, trayectoria, velocidad, maniobras de pesca, número de lances y condiciones ambientales (viento, oleaje, corrientes, etc.). No obstante, la Contraloría señaló que estos no se toman en cuenta en los reglamentos ni los análisis realizados por el Instituto.
Además, el estudio señala fallos del Instituto en la verificación del precio final pagado por los beneficiarios, ya que no se involucra con los precios del combustible ni con los costos adicionales que imponen los intermediarios, a pesar de que el “Reglamento para la regulación y control del uso eficiente del combustible a precio competitivo destinado a la flota pesquera nacional” así lo establece.
“Al desconocer cuál es el precio final pagado por los beneficiarios, no se puede garantizar que exista un beneficio económico real a su favor”, concluye el documento.
La Nación solicitó a Incopesca una respuesta oficial sobre los hallazgos de esta auditoría. No obstante, al cierre de esta nota la consulta aún se encontraba en trámite.
Controversial subsidio de combustible a pescadores cuesta ¢7.700 millones por año
La Contraloría General advirtió de que la falta de mecanismos de control sobre el uso del combustible por parte de Incopesca genera el riesgo de que este sea desviado hacia actividades ilícitas.
Una publicación reciente de este diario señaló que estos subsidios millonarios han sido aprovechados por individuos aparentemente vinculados con el tráfico de drogas, el robo de combustible y la pesca ilegal. Un ejemplo de esto es Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, catalogado por Estados Unidos como uno de los traficantes de drogas más violentos de Costa Rica.
Bell Fernández logró un ahorro de ¢521,4 millones al adquirir diésel subsidiado durante los últimos nueve años. En ese mismo periodo, otras 2.280 personas se beneficiaron de esa exoneración y en conjunto se ahorraron un total de ¢71.562 millones.
Macho Coca recibió subsidios por ¢521 millones para combustibles
Otro caso involucra a Gerardo Hernández Mata y Víctor Hugo Cruz Mata, dos empresarios pesqueros detenidos por el “Caso Ballena”, quienes son sospechosos de pertenecer a una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. Ellos lograron un ahorro de ¢1.185 millones gracias a la exoneración.
La Nación también publicó que en 2007, de las 67 denuncias por pesca ilegal tramitadas en los tribunales de Puntarenas, Incopesca confirmó que 17 de una muestra de 21 barcos acusados habían recibido combustible exonerado.
Además, en octubre del 2014, La Nación reveló que los diez barcos pesqueros que más veces ingresaron de forma ilegal a la Isla del Coco, entre enero del 2012 y setiembre del 2014, lo hicieron con diésel subsidiado por Incopesca.
Según el informe de la Contraloría, Incopesca realiza dos tipos de revisiones en cuanto al otorgamiento del beneficio por combustible: inspecciones de almacenamiento e inspecciones de carga en embarcaciones.
En lo que respecta a las inspecciones de almacenamiento, que son aleatorias y se realizan en estaciones de servicio u organizaciones pesqueras, la auditoría constató que el Instituto no cumplió con el cronograma establecido para el 2023, que incluía 28 inspecciones programadas. De estas, únicamente se realizaron diez.
Además, se planificaron tres supervisiones a oficinas regionales, de las cuales se ejecutó solo una y se realizó una inspección adicional no programada, lo que dio un total de 12 inspecciones realizadas entre febrero y agosto del 2023. Para el 2024, el cronograma se formuló de manera más general, limitándose a indicar si correspondía a inspecciones de carga o de almacenamiento. No obstante, no se programó ni se llevó a cabo ninguna inspección de almacenamiento durante el primer semestre de ese año.
Incopesca, según el informe, señaló la necesidad de contar con mayores recursos humanos y económicos para optimizar las labores de fiscalización, pues debido a ello no pueden planificar muchas inspecciones anuales ni cumplir con las programadas.
A pesar de este argumento, de las 12 inspecciones realizadas, solo se remitió al ministro de Pesca y Acuicultura un informe sobre las cinco inspecciones realizadas en el primer cuatrimestre del 2023. Dicho informe carece de un análisis profundo sobre los resultados obtenidos y no incluye conclusiones ni acciones adoptadas; se limita a una descripción de las labores realizadas.
Por su parte, las siete inspecciones restantes, realizadas entre mayo y agosto del 2023, no fueron enviadas al ministro, sino solo a la coordinadora del Departamento de Registro mediante un oficio. Este documento tampoco refleja un análisis detallado de los resultados de las revisiones.
Además, en cuanto a las inspecciones de carga, la Contraloría halló otra deficiencia, pues desde enero del 2023 hasta abril del 2024 se realizaron únicamente 11 inspecciones de los 10.973 trámites aprobados para ese mismo periodo.
La Contraloría concluyó que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) cumple adecuadamente con la entrega de combustible a precio competitivo y emite las facturas conforme a la tarifa aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Sin embargo, señaló que en la gestión de venta no todos los procesos se ajustan a la normativa vigente.
Según la auditoría, Recope permite la venta de hidrocarburos a organizaciones pesqueras sin tanque propio, pese a lo dispuesto en el transitorio III del decreto ejecutivo DE-42497-MINAE-S, cuyo plazo para dichas condiciones venció en agosto de 2022.
Al respecto, la institución señaló mediante su oficina de prensa que los contratos suscritos antes de la expiración del plazo del transitorio III se encuentran vigentes.
Indicó que dichos acuerdos están respaldados en actos administrativos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) e Incopesca, así como en las cláusulas contractuales, lo que obliga a la Refinadora a respetar las condiciones pactadas mientras no exista una resolución que anule estos actos o contratos.
