Han pasado más de 20 años desde que inició la discusión de las “jornadas 4x3″. Múltiples intentos buscan ahora generar una regulación que atienda las expectativas del sector privado. El argumento: se requiere mayor competitividad. No obstante, algunas lecciones quedan de un proceso que aún no ha encontrado una fórmula que solvente importantes dilemas.
Un secreto a voces marca la pauta de la realidad. Hay empresas que aplican la jornada a pesar de lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política y del numeral 136 del Código de Trabajo, que establecen una jornada ordinaria que no puede exceder las ocho horas diarias y las 48 horas semanales. Y si bien es cierto, nuestra carta magna contempla la posibilidad de crear excepciones muy calificadas, la previsión requiere una ley que regule su alcance. Por tanto, legislar sobre el tema no pasa solo por buscar competitividad y productividad, sino por regularizar la práctica.
Regular es trazar reglas claras para quienes están en esas condiciones. La jornada excepcional no puede sustituir la ordinaria y eso implica algunas premisas. 1. Es complementaria pero no exclusiva, es decir, siempre tendría que existir la posibilidad de la que la persona trabajadora pueda regresar a la jornada ordinaria. 2. No podría ser obligatoria, es voluntaria y es una opción que se gestiona compatibilizando los intereses de las partes. 3. Su aplicación debe estar sujeta a que la actividad no represente un riesgo a la seguridad y la vida de la persona. El ruido, químicos, estrés térmico o por frío, riesgos ergonómicos y psicosociales imponen límites para definir en cuáles actividades se puede aplicar.
Estos aspectos son críticos para definir una norma apegada a la Constitución y que garantice condiciones de empleo productivo y decente, basado en principios como libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha mostrado especial interés por la ordenación del tiempo de trabajo (OTT). Los cambios en el mercado de trabajo y las tendencias económicas exponen nuevas preocupaciones: brechas de género, desigualdades sociales y la compatibilización entre trabajo y vida personal.
La OIT ha planteado cinco principios para la OTT: 1. Tiempo de trabajo saludable. 2. De trabajo productivo. 3. De trabajo conveniente para la familia. 4. Igualdad de género. 5. Elección e influencia del trabajador. Ellos buscan mayor productividad, promover la salud y la seguridad en los espacios de trabajo, así como resguardar el equilibrio trabajo/vida, personal/familia.
Han sido advertidos los riesgos de largas jornadas (más de 48 horas semanales) no solo en la productividad individual sino para las empresas. Por eso es clave la observancia de instrumentos internacionales como los convenios de límites en las horas de trabajo diarias y semanales, los de períodos mínimos de descanso, entre otros. Por ejemplo, el Convenio N.° 1 de la OIT, vigente en Costa Rica desde 1982, el cual estableció un límite en las empresas industriales que es coincidente con nuestra Constitución y también prevé excepciones.
Más allá del margen que podría encontrarse legalmente para regular excepcionalmente esta jornada de 12 horas, lo cierto es que el debate lleva implícitos otros dilemas trascendentales como el cuido que es determinante para garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, la compensación salarial frente al pago de horas extra, la fiscalización del estricto cumplimiento de las normas y el fortalecimiento de la inspección laboral.
Incluso, otros aspectos como los servicios educativos y de movilidad, así como la seguridad pueden influir en la posibilidad de que las personas puedan optar por jornadas excepcionales.
Geannina Dinarte es analista política y empresarial. Actualmente es socia de Boreal Consultoras y fue ministra de Trabajo y de la Presidencia.
