La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la reforma a la Ley del Infonavit, que fue aprobada en el Congreso y que busca terminar con la corrupción dentro del instituto, por lo que presentó varios de casos detectados desde 2013.
En su conferencia de prensa, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, presentó al menos tres casos en los que se detectaron irregularidades y en los que estuvo al frente del instituto Alejandro Murat.
Alejandro Murat perteneció al PRI de 1993 a 2023; actualmente es senador por Morena.
El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, tomó protesta como director del Infonavit en 2012 y renunció al cargo en 2015, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República.
Durante ese periodo, Romero Oropeza expuso presuntos casos de corrupción al interior del instituto de la vivienda, uno de ellos, con la empresa Telra Realty, que data de 2014.
“Se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían”, explicó el director del Infonavit.
Agregó que el monto del contrato era de 100 millones de pesos y esta empresa tenía dos años para establecer la plataforma.
Sin embargo, cuando se venció el plazo de dos años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. “Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió, pero contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos”.
Romero Oropeza indicó que incluso dos de los cinco socios devolvieron dos mil millones de pesos que fueron entregados al Infonavit, los otros tres socios se han negado a devolver los 3 mil millones de pesos restantes.
“¿Cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar pagas, pero pagas 5 mil millones como indemnización?”, cuestionó el funcionario.
Añadió que la Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit, y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que de 2013 a 2018 en el sector empresarial también se detectaron proyectos de presupuesto para terminar viviendas y otorgar otras a trabajadores mediante créditos.
“Con todo el apoyo financiero que se les dio, ni pagaron los recursos ni construyeron las viviendas”, aseveró el funcionario.
Este esquema funcionaba de la siguiente manera:
Romero Oropeza detalló que de 2013 a 2015 el Infonavit pagó a cuatro despachos plenamente identificados para recuperar viviendas por la vía judicial.
“Entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial —como que algo suena familiar aquí— y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes”, señaló.
Esta práctica, explicó, consistía en demandar a personas por una vivienda de la que no tenían conocimiento: por ejemplo, un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en el estado de Nayarit.
“Esto provocó que el derechohabiente quedara en estado de indefensión, pues nunca se enteró de que era parte de un juicio; es chiapaneco y lo notifican en Nayarit, como si rentara algún domicilio, que quién sabe de quién era”, indicó.
Todo esto, indicó, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables.
En este caso, funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, adicional al que el instituto cubre por ley.
La contratación se dio por montos de 109 millones 990 mil 487 pesos por vigencia de un año en 2013 y por 440 millones de pesos por cuatro años en 2014.
“La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias —se adelantaron al COVID—, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable”, indicó.
Y resaltó que la contratación de estos seguros fue fraudulenta, pues se hizo sin el consentimiento de los trabajadores acreditados, y sin necesidad porque ya el Infonavit cubre eso.
