La defensa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha registrado dos archivadores con un millar de folios en el Tribunal Supremo para intentar rebatir imputaciones en su contra como el presunto cohecho del comisionista Víctor de Aldama poniendo a su disposición, a través de una empresa, un chalet de medio millón de euros en la Línea de la Concepción (Cádiz). Sobre este asunto, Ábalos aporta el contrato que suscribió con la sociedad titular de la vivienda, la comercializadora de hidrocarburos Have Got Time, que le comprometía a abonar dos meses de fianza por adelantado y 2.500 euros de renta al mes. También los pantallazos de las transferencias, 5.000 euros la primera y 2.500 para el mes de julio, y la constatación documental de que dejó de pagar el alquiler, le fue reclamado y llegó a un acuerdo de disolución del contrato con la sociedad. «Acuso recibo de su escrito por encargo de su mandante Have Got Time S.L. con relación al contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la Urbanización Alcaidesa Playa, la Línea de la Concepción, de fecha 1 de julio de 2021 y le comunico que dadas las circunstancias sobrevenidas que me han impedido cumplir con las rentas de alquiler pendientes, deseo acogerme a la alternativa de resolución del contrato de arrendamiento y condonación de la deuda pendiente que usted me ofrece» ,dice el correo electrónico dirigido al abogado de la empresa que firmó Ábalos en febrero de 2022. Para entonces, ya había recibido un burofax que le apercibía frente a un procedimiento judicial de desahucio por el impago del alquiler. La UCO lo que viene apuntando es que quien estaba realmente tras esta casa eran Víctor de Aldama y su socio, Claudio Rivas, quien estaba intentando conseguir una licencia de operador de hidrocarburos y a quien Koldo García, a través del comisionista, le habría conseguido una reunión. La tesis de la investigación es que cuando esa autorización fue rechazada, en octubre de 2021, se procedió al desahucio de Ábalos, quien llegó a planear realquilar a turistas la vivienda. En su declaración ante el juez en el Supremo la semana pasada, el exministro desvinculó ambos hechos completamente. Argumentó que le habían desahuciado exclusivamente por no pagar. De ahí que aporte tanto el acuerdo como el que se firmó para su disolución como las transferencias que sí llegó a realizar, para sostener que era un proyecto personal (alquiler con opción a compra) que se frustró cuando sus circunstancias familiares variaron. En cuanto a esa perspectiva de realquilar, la UCO se basaba en el cruce de dos conversaciones. En una, el 28 de julio de 2021, Ábalos le pide a Koldo que haga copias de las llaves de la casa «para Víctor (su hijo) y Manu a ver si lo pueden alquilar a turistas». En otra, Koldo habla con ese tal Manu que tiene agendado como «amigo de Víctor Ábalos» y le dice: «por cierto, mil gracias por el tema casa» La defensa del exministro aporta «con el consentimiento» tanto de Koldo García como de su interlocutor la conversación completa para evidenciar que estaban hablando de otra vivienda, sita en Marbella, a la que ese amigo de Víctor Ábalos invitaba al asesor a pasar unos días. Hay otros documentos en los dos archivadores que ha entregado al Supremo justo el mismo día en que el juez instructor, Leopoldo Puente, ha librado suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder investigarle formalmente y de manera completa. El escrito de su defensa recoge desde las escrituras de la vivienda que posee Víctor Ábalos, a fin de defender que es anterior a los hechos investigados y su hijo no tiene nada que ver con la trama; hasta los informes del Tribunal de Cuentas sobre las compras de mascarillas, pasando por las comparecencias de diferentes cargos relacionados con aquellas compras en la comisión de investigación del Senado o los autos por los que fue archivado el Delcygate. También aporta en su descargo la auditoría realizada en el Ministerio de Transportes sobre las obras de carreteras que Aldama señala como amañadas a cambio de comisiones. No incluye, sin embargo, el que realizó el mismo departamento sobre los contratos de mascarillas y que arrojaba irregularidades.
