Las declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, ante el juez que investiga el "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya han tenido su primera consecuencia. El magistrado ha elevado un suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder a la suspensión de la inmunidad como diputado de José Luis Ábalos, al haber hallado, de las diligencias practicadas hasta este momento, "indicios bastantes" de que presuntamente cometió los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
En este punto, habrá quien se pregunte qué es un suplicatorio y qué pasos hay que seguir para solicitarlo. Según determina el artículo 71 del título tercero de la Constitución Española, durante su mandato los senadores y diputados gozan de inmunidad, por lo que solo puedan ser detenidos en caso de cometer un delito de gravedad extrema y solo pueden ser inculpados y procesados con la autorización previa de la Cámara en la que ejerzan funciones (como el Congreso y el Senado, aunque esto también aplica a las instituciones europeas como el Parlamento de la UE).
En el caso de José Luis Ábalos, envuelto en una investigación judicial, es necesaria la autorización de la cámara correspondiente, a través del proceso de la petición del suplicatorio.
El suplicatorio es un requisito por el que la justicia pide al Congreso o al Senado poder actuar contra algún parlamentario y sin su aprobación no pueden ser procesados. En el supuesto de que un juez o tribunal encuentre méritos por los que procesar a un diputado o senador no podrá emprender el procedimiento contra éste hasta que no se obtenga la autorización de la cámara a la que pertenezca, tal y como se expone en el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el artículo 751 de esta misma norma se matiza que tan solo si el diputado o senador delinque in fraganti podría ser detenido y procesado sin la solicitud de esa autorización previa de la cámara. En este supuesto, en las 24 horas siguientes la autoridad procesal tendría que poner en conocimiento de los hechos a la cámara correspondiente.
En el caso que nos ocupa, el del diputado socialista José Luis Ábalos, el proceso a seguir es el siguiente: Una vez que el Congreso recibe la solicitud de suplicatorio, la presidenta Francina Armengol, después de haberlo acordado por la Mesa del Congreso, dispone de un plazo de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
La Comisión del Estatuto de los Diputados dispone de un mes de plazo para debatir la propuesta y la audiencia se podrá llevar a cabo por escrito o de forma oral en el plazo que fije. Una vez que la Comisión haya finalizado su cometido, se someterá a votación en el primer Pleno ordinario de la Cámara. En el plazo de ocho días, el presidente del Congreso trasladará a la autoridad judicial la decisión tomada.
Si el Congreso de los Diputados no se pronuncia durante dos meses se daría por denegado el suplicatorio. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando un suplicatorio no recibe respuesta por parte de la Cámara Baja en un periodo de 60 días, se entiende que ha quedado denegada la petición. En este supuesto la persona que era sujeto de procesamiento queda libre de ese la investigación, que no podría continuar contra él.
La última vez que esto ocurrió fue en 1988, cuando el Congreso de los Diputados rechazó la petición interpuesta contra José Barrionuevo, ministro de Interior en ese momento.
