Entre noviembre pasado y diciembre en curso, dos de las principales agencias calificadoras revisaron la calificación de la deuda soberana de México y otra lo hizo sobre la de Pemex.
En particular, las revisiones sobre la calificación crediticia del soberano mexicano (gobierno federal) que se anunciaron son las siguientes:
Moody’s ratificó la calificación de la deuda soberana de México en Baa2, un nivel por arriba del umbral mínimo del grado de inversión, pero modificó la perspectiva a negativa desde estable.
S&P Global Ratings (S&P) confirmó la calificación soberana en BBB y mantuvo la perspectiva estable. Esto significa que la nota está dos niveles por encima del grado especulativo.
Respecto a la calificación crediticia de Pemex, Fitch Ratings ratificó la nota en B+ con perspectiva estable. En este caso, la calificación de la empresa petrolera del Estado mexicano está cuatro niveles por debajo del grado de inversión.
A manera de recuento, aquí se presentan algunos de los factores que motivaron dichas acciones de calificación respecto a la deuda soberana y la de Pemex.
Moody’s. El 14 de noviembre, un día antes de que la Secretaría de Hacienda presentara al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2025, modificó la perspectiva de la calificación de México a negativa desde estable, pero ratificó la nota en Baa2.
La agencia señaló que la revisión en la perspectiva está asociada a su visión de que un debilitamiento en la formulación de políticas y el entorno institucional conlleva el riesgo de socavar los resultados fiscales y económicos.
En particular, el deterioro de la asequibilidad de la deuda y la mayor rigidez del gasto público hacen que la consolidación fiscal sea un desafío, tras la ampliación del déficit público de este año a un nivel del orden de 6 por ciento del PIB, una desviación de un historial de larga data de déficits bajos independientemente de las presiones económicas.
Sobre el entorno institucional, la reforma constitucional al Poder Judicial corre el riesgo de erosionar los controles y equilibrios del sistema judicial del país, con un posible impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal de México.
Moody’s considera que existe una mayor probabilidad de que los pasivos contingentes derivados de Pemex puedan materializarse en el balance del gobierno.
S&P. El 13 de diciembre, prácticamente un mes después de la acción de Moody’s, ratificó la calificación crediticia de México en BBB con perspectiva estable, al reflejar su expectativa de que una gestión macroeconómica cautelosa, incluyendo una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos, estabilizará las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento del país durante los próximos dos años.
“Consideramos que las posibles disputas entre México y Estados Unidos sobre comercio, inmigración y otros asuntos se gestionarán de una manera pragmática que sustente la estabilidad económica y mantenga la profunda integración económica entre los dos países”, expuso S&P.
Sin embargo, advirtió que las reformas constitucionales introducidas por el gobierno anterior, incluida la reorganización del sistema judicial y la reducción de la autonomía de varios organismos reguladores, han generado mucha controversia.
En su opinión, “las implicaciones a largo plazo de estos cambios no están claras, pero se corre el riesgo de debilitar la confianza de los inversionistas y potencialmente la transparencia y previsibilidad de las políticas gubernamentales”.
Fitch. El 16 de diciembre, ratificó la calificación de Pemex en B+ con perspectiva estable. Esta nota se ve ‘beneficiada’ por la calificación soberana de México en BBB- con perspectiva estable, con la cual hay una diferencia de cuatro niveles.
Pemex tiene la calificación mínima antes de la CC, que es cuando ya se advierte un evento de default (incumplimiento de pagos) inminente.
De acuerdo con Fitch, la petrolera mexicana es financieramente vulnerable, además de que su historial en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG) perjudica su capacidad para reunir capital, por lo que su viabilidad a largo plazo no está garantizada sin apoyo gubernamental.
Aunque está por concluir el periodo de revisiones, un ajuste inesperado en las calificaciones crediticias del soberano o de Pemex es un riesgo que puede afectar la estabilidad del sistema financiero.
