España necesita mejorar de manera urgente la eficiencia de su sector público. Así lo pone de relieve el monográfico 'Retos pendientes del sector público español', incluido en el último número de la revista 'Papeles de Economía Española', editada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). En el artículo, los economistas José Emilio Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri, David Sarasa y Camilo Ulloa analizan la evidencia comparada entre España y la Unión Europea (UE) del tamaño del sector público y su eficiencia, con un foco especial en la estructura del gasto y los ingresos públicos. El análisis publicado por Funcas destaca que España necesita mejorar de manera importante la eficiencia de su sector público para afrontar con «éxito» la sostenibilidad del Estado de bienestar, sobre todo por el hecho de que el país tiene unos niveles de deuda y déficit públicos más elevados que otros Estados de su entorno, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a posibles choques económicos El informe deja «claro» que la agenda de reformas pendientes en este ámbito es «extensa» y explica que, en 2023, el gasto público como porcentaje del PIB en España alcanzó el 46,4% del PIB, tres puntos porcentuales por debajo del promedio ponderado de la UE (49,4%), y aproximadamente al mismo nivel que el promedio sin ponderar (46,5%). Sin embargo, en términos de renta per cápita, España se encuentra un 11,6% por debajo del promedio de la UE (tanto ponderado como sin ponderar). Este tamaño del sector público coloca a España en una posición intermedia en la UE. Países como Francia y Bélgica tienen un tamaño significativamente mayor, mientras otros como Holanda o Irlanda , con una renta per cápita superior, muestran un sector público más reducido. En cualquier caso, estos expertos indican que la economía española tiene un «amplio margen» para mejorar la eficiencia de su sector público, que se encuentra significativamente por detrás de los países con sectores públicos más eficientes, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y la evaluación de las políticas públicas, y apostando por una estructura de ingresos y gastos que maximice el crecimiento potencial de su renta per cápita. «Esta mejora de la eficiencia es una condición necesaria para afrontar con éxito la sostenibilidad del Estado de bienestar sobre todo por el hecho de que España tiene unos niveles de deuda y déficit públicos más elevados, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a posibles choques económicos. Máxime en un entorno de mayores exigencias por los procesos de envejecimiento poblacional y descarbonización», argumenta el monográfico. Por ello, afirma que es «urgente» adoptar reformas que fortalezcan la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Además, subraya que España ha sido poco reformista en los últimos 25 años y algunos de los asuntos mencionados «nos afectan con mayor intensidad que a la media», como el envejecimiento de la población. En cuanto a la estructura del gasto público, el artículo señala que España tiene un mayor peso del gasto social con relación al productivo que en la UE. Por el contrario, desde hace años, el peso de la inversión pública en el PIB de la economía española se sitúa entre los niveles más bajos de los países de la UE, lo que condiciona el potencial de crecimiento económico a largo plazo. Asimismo, la estructura de los ingresos públicos también es diferente. Con una imposición sobre el capital similar a la de la UE, la indirecta y las del trabajo en el impuesto de la renta son inferiores, mientras las cotizaciones sociales son superiores, por la mayor imposición que recae sobre las empresas.
