España es el país con mayor número de laudos arbitrales pendientes de pago, 25, con lo que supera a los siguientes de la lista, Venezuela (20) y Rusia (10), aunque estos dos países adeudan sumas más elevadas, según un informe del experto en arbitrajes internacionales Nikos Lavranos.
Las autoridades españolas han rechazado cumplir con las sentencias de arbitraje que condenan al país a indemnizar a 25 compañías afectadas por la retirada de las primas a las renovables, con lo que estos laudos arbitrales pendientes de pago ascienden a más de 1.600 millones de dólares, unos 1.560 millones de euros.
De este modo, España es el país con mayor número de laudos pendientes de pago, por delante de Venezuela (20) y Rusia (10). A continuación figuran México, Argentina, Perú, Polonia, Libia, Ucrania y Ecuador.
Atendiendo al importe adeudado, Rusia supera a España, ya que el importe pendiente supera los 60.000 millones de dólares -en su mayor parte por los 57.000 millones de dólares (52.764 millones de euros) que se adeudan a exaccionistas de la extinta empresa petrolera Yukos, en tanto que Venezuela mantiene la segunda posición con alrededor de 17.000 millones, ha explicado Lavranos.
Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a las primas que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Este cambio desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
El organismo publicó en junio de este año un estudio sobre el grado de cumplimiento de los laudos, si bien el informe sólo alcanza hasta 2021. El Ciadi debe resolver en 2025 varios casos que afectan a España, entre ellos algunos de empresas japonesas y de cajas de ahorro alemanas.
El profesor Lavranos ha destacado al gran número de laudos presentados en México y Panamá a partir de 2023, lo que convierte a esta parte del mundo en la que más destaca en este sentido.
El experto recuerda que, cuando se concedieron las ayudas a las renovables -y cuando se retiraron-, España formaba parte del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), de modo que las garantías de seguridad jurídica ofrecidas por el TCE son "de plena aplicación"
