El magistrado que investiga el "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado este miércoles en un auto acuerda elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder a la suspensión de la inmunidad como diputado de José Luis Ábalos, al haber hallado, de las diligencias practicadas hasta este momento, "indicios bastantes" de que presuntamente cometió los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El instructor entiende que ya "ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados" de la supuesta participación del exministro socialista en la trama de cobro de comisiones ilegales en las adjudicaciones públicas para el suministro de las mascarillas y, por tanto, se hace imprescindible para poder avanzar en la causa recabar la autorización de los miembros de la Cámara baja. La exposición razonada ha sido remitida al Presidente de la Sala Segunda o de lo Penal del Supremo para que tramite su remisión a la presidencia del Congreso.
El magistrado del alto tribunal señala que tras cumplir con sus declaraciones el propio Ábalos y los otros dos imputados, Víctor de Aldama y el que era su asesor favorito, Koldo García, así como de los distintos documentos aportados por ambos, en conjunción con las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios que se llevaron a cabo cuando la investigación permanecía en la Audiencia Nacional, "existen elementos bastantes para, siempre en términos indiciarios, considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo", intervino y determinó la adjudicación de varios contratos de la Administración con empresas privadas, la mayoría vinculadas a Aldama, durante la Covid, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia, de material sanitario, tale como "mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad"
Respecto al comisionista de la "trama Koldo", el Supremo da por evidenciado que Aldama, "aprovechando la relación personal que le unía con" Ábalos, y con quien era entonces su asesor de cabecera, Koldo García, habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, SL, así como podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración.
Los resultados obtenidos de la investigación permiten afirmar -indiciariamente-, asegura el magistrado Puente, que Koldo "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización" y en las que el que fuera "numero 3" del PSOE también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio y disfrutando de los "ilícitos beneficios económicos" que recibió en contraprestación.
El instructor de la Sala Penal refleja en el auto que Ábalos durante su declaración voluntaria como investigado vino "a negar" que hubiese percibido "mordida" alguna como retribución de adjudicación de los contratos de las mascarillas y los de obra pública, lo que, "naturalmente", según Puente, queda desvirtuado por "los indicios" recabado en base a documentos aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de Aldama y las declaraciones de esta semana del empresario y su asesor.
En particular, el magistrado subraya que queda "indiciariamente justificado" que el exministro de Transportes se habría beneficiado económicamente con el pago por parte de Aldama o de terceras terceras interpuestas del alquiler de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental, Jéssica Rodríguez, durante dos años abonando 2.700 euros al mes de renta -total de 90.000 euros- como también que podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación de Aldama, el alquiler con opción a compra del chalé de la urbanización de La Alcaidesa, de la Línea de la Concepción (Cádiz), y un contrato de alquiler con opción de compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, que era propiedad de Aldana, en el marco de un acuerdo en el que se fijaba un precio de venta (unos 750.000 euros) aparentemente muy inferior al precio de mercado.
