La evaluación de la Administración Pública y de las decisiones de gobierno es un pilar esencial para garantizar la eficiencia, la transparencia y la calidad de las políticas implementadas. Mientras que en países como EEUU estos procesos están profundamente institucionalizados, en España aún enfrentamos importantes desafíos para evaluar de manera sistemática tanto el rendimiento de los empleados públicos como la efectividad de las decisiones gubernamentales.
