La Fiscalía pide que un juzgado de instrucción investigue inicialmente la gestión de la catástrofe
El TSJ acuerda la acumulación en la misma causa de siete querellas y denuncias contra Mazón por la gestión de la DANA
El president Carlos Mazón afronta un complejo horizonte judicial por su gestión de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. El informe de la Fiscalía sobre las siete denuncias o querellas contra Mazón pide su inadmisión por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) para que continúen la investigación dos juzgados de instrucción de València (el número 15 y el 20) que tienen abiertas diligencias por “hechos similares” relativos a la DANA.
Las cuatro denuncias y tres querellas contra el president se acumularon en una misma causa, tal como acordó el alto tribunal autonómico. Sin embargo, la Fiscalía, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, se inclina por que un juez de instrucción asuma la investigación y, en caso de hallar indicios sólidos contra Mazón, que cuenta con la condición de aforado, pida su imputación ante el TSJ-CV. Si de la fase de instrucción, abunda la fiscal María José Montesinos de Lago en su escrito, se desprendieran indicios suficientes de delito contra Mazón, el juez tendría que elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, único órgano competente para investigar a un aforado.
El escrito del Ministerio Público, adelantado por El País y al que también ha tenido acceso elDiario.es, detalla la variopinta lista de denuncias y querellas presentadas contra Mazón y, en algunos casos, contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso y el actual director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla.
Las cuatro denuncias y tres querellas coinciden, según reseña la fiscal, en que “con desatención a sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas, y ajenas a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida”. Todas las denuncias o querellas cuentan con la misma atribución de hechos aunque con calificaciones jurídicas distintas.
La primera querella la interpuso Iustitia Europa por los presuntos delitos de omisión del deber del socorro, prevaricación omisiva e imprudencia grave con resultado de muerte en concurso ideal con un delito de imprudencia grave. La querella sostiene que Mazón, pese a ser conocedor por los avisos previos de la AEMET de la gravedad de la situación que se aproximaba, “dejó de activar medidas de prevención que pudieran haber reducido de forma significativa el impacto de la catástrofe y, en especial, los fallecimientos y daños personales”.
También recuerda que Carlos Mazón, como máxima autoridad autonómica, podía haber solicitado al Gobierno central su intervención inmediata y la activación de todos los recursos en materia de protección civil, tanto antes como después de la catástrofe. Esa “omisión”, abunda Iustitia Europa, “generó la absoluta desprotección ciudadana”, obligando a conductores y vecinos de las zonas afectadas a “buscar medios propios para salvar sus vidas y propiedades ante la falta de apoyo institucional, incrementando los daños personales, número de fallecidos y los daños materiales”.
La querella también alude a la falta de activación del Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundaciones de la Comunitat Valenciana. El pasado 10 de noviembre, Iustitia Europa presentó un escrito de ampliación de su querella en el que reseñaba que Mazón se ausentó en los “momento críticos” del día de la DANA, en referencia a su polémica comida con una periodista en el restaurante el Ventorro. La entidad recuerda que el jefe del Consell, una vez presente en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), no atendió varias llamadas de la entonces ministra Teresa Ribera, a pesar de que “varias localidades valencianas estaban ya inundadas”.
Por otro lado, el letrado Youssef Bouzrouti denunció a Mazón por los presuntos delitos de omisión del deber del socorro, prevaricación y abandono del servicio público. El abogado, con despacho en Parla (Madrid), considera que, a pesar de las previsiones meteorológicas, el president “no adoptó medidas preventivas ni activó los mecanismos de alerta necesarios para evitar que la población fuera sorprendida por las fuertes lluvias e inundaciones”. Al no activar “de manera eficaz” los recursos necesarios para socorrer a la población ya afectada, “incumpliendo los protocolos de gestión de emergencias”, el letrado concluye que Mazón pudo incurrir en un presunto delito de omisión del deber del socorro.
La ausencia de “actuación oportuna en la implementación de los servicios de emergencia y comunicación a la población” también pudo constituir, según la denuncia, una decisión injusta y contraria al interés general. Además, la falta de diligencia y de cumplimiento de sus responsabilidades como jefe del Consell, “con riesgo para la ciudadanía”, pudo suponer un presunto delito de abandono del servicio público.
El abogado José Luis Mazón denunció tanto al jefe del Ejecutivo valenciano (con quien comparte apellido pero no vínculo familiar) como a la exconsellera Salomé Pradas, por un presunto delito de homicidio cometido con dolo eventual. La denuncia del letrado, que adjunta la información de elDiario.es del pasado 5 de noviembre que desveló la polémica comida de Mazón el día de la DANA, considera que el president y su exconsellera tenían conocimiento del riesgo de inundaciones desde primera hora del 29 de octubre, “sin que se desplegara actuación alguna para evitar el trágico resultado” de fallecimientos y desapariciones.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que Carlos Mazón es licenciado en Derecho, “por lo que la excusa de la ignorancia es de imposible aplicación”.
Raúl Casteñeda Cruz, CEO de la empresa Preico Jurídicos (domiciliada en el Prat de Llobregat y especializada en procedimientos de usura y ficheros de morosidad), se querelló contra Mazón y Salomé Pradas por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones (“tantos como fallecidos y lesionados exista”) y un “número no determinado” de presuntos delitos de omisión del socorro.
La querella considera que la “falta de actuación” del jefe del Consell “provocó que no se adoptaran las medidas necesarias” a las que obliga la ley para prevenir catástrofes como la DANA. “Ello dio lugar a un resultado de muertes, lesiones y daños materiales que tenía la obligación de haber preservado, o al menos, de haber minimizado sus efectos”, indica la querella, que también imputa a Mazón un presunto delito de omisión del socorro por su “falta de iniciativa” a la hora de solicitar al Gobierno central “medidas de mayor calado”.
El sindicato CGT denunció a Mazón por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, con un escrito que detalla la cronología de los hechos del pasado 29 de octubre (tales como la suspensión de las clases por parte de la Universitat de València o la decisión de la Diputación de mandar a casa a sus trabajadores a las 14.00). La alerta a los móviles, recuerda el sindicato, se envió a las 20.11, “cuando las carreteras estaban colapsadas y cientos de personas ya atrapadas o desaparecidas”.
Además, el sindicato libertario incide en la coincidencia de las inundaciones con las horas de salida de los centros de trabajo. “Miles de trabajadores quedaron atrapados en sus propios centros o en las carreteras”, afirma CGT. El sindicato considera que la situación se podría haber evitado adelantando la hora de salida o directamente cerrando preventivamente los centros de trabajo.
Por otro lado, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas, también de CGT, se querelló contra Mazón y contra la exconsellera Salomé Pradas, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso y el actual director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla, por los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente, daños por imprudencia y omisión del deber del socorro.
La querella sostiene que la “tardanza” y el “retraso negligente” de Mazón, Pradas, Argüeso y Martín Moratilla en emitir el aviso a la ciudadanía “ha provocado las más de 200 muertes, miles de personas lesionadas, además de ingentes daños materiales, que podían haber sido evitados o, al menos, paliados, de haber informado a los ciudadanos del gravísimo riesgo que existía”. Con un aviso masivo enviado antes, “se habrían evitado muchos de los resultados mortales, lesivos y materiales”, concluye.
Por otro lado, un particular denunció a Mazón por la presunta comisión de “múltiples” delitos de homicidio por imprudencia. La denuncia afirma que el jefe del Consell sería responsable de “centenares de muertes por imprudencia, por negligencia, por no estar donde procedía en su condición de primer responsable ante la situación de emergencia provocada por la DANA, por desidia, indiferencia, desprecio hacia la ciudadanía y por dejación de responsabilidades”.
