La salida de Nicolás Maduro del poder representará un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. No sabemos cuándo caerá; puede ser el 11 de enero, el 20 de julio o en septiembre. La fecha solo la conoce el Dios altísimo, quien acompaña el anhelo de todo un país por ser libre. Pero sin duda, este hecho marcará el fin de una etapa caracterizada por el autoritarismo, la crisis humanitaria y el colapso institucional. Chávez sembró esperanzas en una sociedad marcada por la incertidumbre y la crisis de los partidos políticos. Prometió algo distinto a lo que comenzó a implementar, oculto tras la hechicería que lo caracterizaba. Sin embargo, su legado fue el desmontaje de una nación: un buen destructor que, en lugar de construir, dejó divisiones, despojos y un país fracturado. El legado de su régimen ha sido el de imponer a la ciudadanía una dictadura mediocre, corrupta y asesina. Aún desconocemos la profundidad del daño. Será la ciudadanía quien lo descubra cuando todo esto llegue a su fin. Nos esperan sorpresas oscuras: los horrores ocultos en los campos clandestinos de tortura, las declaraciones de quienes hoy permanecen en cautiverio, el saqueo de las arcas nacionales y la magnitud de las alianzas con el narcotráfico y las bandas criminales.
La permanencia de Nicolás Maduro en el poder debe significar el fracaso de la comunidad internacional y el inicio de una nueva etapa oscura en la política mundial, reminiscentemente similar a aquella que tuvo como protagonistas a figuras como Hitler, Mussolini, Tojo, entre otros. Su régimen no solo ha devastado a Venezuela, sino que también ha mostrado la vulnerabilidad de las instituciones internacionales ante la tiranía y la opresión. El día después de su huida o captura será, por tanto, una oportunidad para redefinir el rumbo de la justicia global y evitar que se repita este tipo de dictaduras en el escenario internacional.
Sin embargo, su partida no será sencilla y sumirá a los venezolanos en una etapa de profunda incertidumbre, dejando una cicatriz honda y dolorosa en la historia del país. Es crucial entender que el fin de un régimen autoritario no garantiza automáticamente el retorno de la democracia, la estabilidad económica ni el bienestar social. El «día después» estará cargado de retos y decisiones críticas que requerirán una visión integral, consensos políticos amplios y una acción coordinada que fomente la participación de todos los sectores, evitando que un nuevo modelo de populismo autoritario excluya o aplaste a otros actores sociales. Solo mediante el respeto, la inclusión y la justicia podrá iniciarse la verdadera reconstrucción nacional.
La transición debe iniciar con la restauración del Estado de Derecho como base para la legitimidad y estabilidad institucional. Será esencial garantizar la separación de poderes, reconstruir la confianza en el sistema judicial y asegurar la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto incluirá reformar el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, designando a jueces y fiscales comprometidos con la justicia y los derechos humanos. Además, será imprescindible derogar leyes represivas y garantizar que la Constitución recupere su plena vigencia como marco de convivencia ciudadana.
Un gobierno de transición debe convocar a elecciones libres, transparentes y supervisadas por organismos internacionales. Para lograrlo, será necesario actualizar el registro electoral, garantizar la participación de la diáspora venezolana y establecer condiciones de igualdad para todos los candidatos. La promoción de un pacto de gobernabilidad que involucre a partidos políticos, organizaciones civiles y sectores sociales será fundamental para evitar retrocesos. Este pacto debe ser inclusivo y sentar las bases para un sistema político plural y participativo.
El colapso del sistema de salud, la inseguridad alimentaria y la migración masiva de venezolanos han dejado una crisis humanitaria sin precedentes. El día después demandará acciones inmediatas para atender a los sectores más vulnerables. Esto incluirá coordinar esfuerzos con organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Cruz Roja, para garantizar el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos. Paralelamente, se debe fortalecer la capacidad institucional para responder a emergencias y diseñar políticas públicas que prioricen la recuperación de las condiciones de vida.
El sistema productivo venezolano ha sido devastado por la corrupción, la expropiación y el control estatal excesivo. La recuperación económica requerirá medidas urgentes, como la eliminación del control cambiario y de precios, la reactivación de la industria petrolera mediante asociaciones público-privadas, la promoción de la inversión extranjera y la diversificación económica, y un programa de estabilización macroeconómica que controle la hiperinflación. Un factor clave será renegociar la deuda externa y establecer un fondo de reconstrucción financiado por organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Además, será necesario fomentar la confianza en el sistema financiero para atraer capitales y estimular el emprendimiento local. Todo esto solo será efectivo si va acompañado de un acto de justicia económica, que implique la devolución a sus legítimos propietarios de lo que les fue expropiado: Radio Caracas TV, el diario El Nacional, haciendas, casas, entre otros bienes, con la correspondiente reparación económica. Estos fondos podrán ser localizados en los capitales mal habidos, y deberá llevarse a cabo la repatriación de los miles de millones de dólares expoliados por Maduro y sus cómplices, tanto grandes como pequeños que hoy se encuentran en las cuentas de familiares y testaferros.
La impunidad no puede ser la base de un nuevo sistema democrático. Es fundamental establecer mecanismos de justicia transicional que permitan investigar los crímenes del régimen, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. La creación de una “Comisión de la Verdad” y la implementación de procesos judiciales contra responsables de violaciones de derechos humanos serán pasos cruciales. Asimismo, se debe promover un proceso de reconciliación que combine la búsqueda de justicia con la construcción de un tejido social más inclusivo y solidario.
La polarización y el deterioro de las relaciones comunitarias son heridas profundas que deben sanarse. La reconciliación nacional exigirá la promoción de un discurso inclusivo y la implementación de programas sociales orientados a fortalecer la cohesión y confianza ciudadana. Además, se deben atender las necesidades de la diáspora para facilitar su retorno y reintegración en la sociedad. Este esfuerzo debe incluir iniciativas culturales y educativas que fomenten valores democráticos y el respeto por la diversidad.
La crisis venezolana también ha evidenciado fallas estructurales que deben corregirse. Esto incluye reformar la educación para garantizar acceso universal y calidad, modernizar el sistema de servicios públicos, incluyendo agua, electricidad y transporte, e implementar una reforma agraria que estimule la producción local y garantice la seguridad alimentaria. Además, será necesario rediseñar las políticas de seguridad ciudadana para combatir la delincuencia y reconstruir la confianza en las fuerzas del orden. Estas reformas deben enmarcarse en una visión de desarrollo sostenible que priorice la justicia social y la protección del medio ambiente.
Es fundamental retomar un modelo educativo sólido, tanto en el ámbito público como privado, supervisado bajo estándares internacionales que garanticen la excelencia académica. Este sistema debe estar respaldado por centros de investigación de calidad, con profesores e investigadores bien remunerados y capacitados para formar profesionales de alto nivel. Es decir, dar nacimiento a un nuevo concepto de la Universidad venezolana.
El día después deberá marcar el inicio de una transformación profunda en el servicio público, basada en la profesionalización y la meritocracia. El ingreso a los organismos del Estado debe lograrse mediante concursos transparentes, lejos del clientelismo político que ha corrompido las instituciones. Un servicio diplomático profesionalizado será esencial, donde los representantes y sus equipos sean profesionales de carrera o con formación diplomática, y no simples beneficiarios de premios al compromiso político. Lo mismo debe aplicarse a jueces, magistrados y hasta a las secretarias, amanuenses, garantizando que cada puesto esté ocupado por personas competentes y preparadas. En cuanto a las fuerzas policiales, será indispensable exigirles formación en leyes y en derechos humanos, elevando así su profesionalismo y sentido del deber. Todo esto debe ir acompañado de buenas remuneraciones, acordes a la dignidad y responsabilidad que exige reconstruir un país que anhela levantarse de las sombras, limpiarse el traje manchado de lodo tras 25 años de destrucción, y retomar el camino de la decencia y la justicia.
El objetivo de superar este sistema atroz no significa olvidar, pero tampoco implica venganza. La venganza es un sentimiento que se opone a la justicia; quien recurre a ella lo hace porque no ha encontrado justicia. Para dejar atrás al infame “chacal del Tigre” y sustituirlo por un fiscal general con sólida formación universitaria, comprometido con el fortalecimiento del Estado de Derecho, debe prevalecer la verdad y la justicia. Habrá mucho que hacer e investigar, pero siempre con justicia y sin sed de revancha. Esta historia, colmada de injusticia y dolor, debe escribirse con propiedad y a partir de las fuentes primarias, teñidas de sangre noble y de vergüenza patria. Olvidar sería un acto de traición, y recordar no debe ser nunca un acto de venganza, sino un compromiso con la verdad y la memoria, para que nunca nadie se atreva a decir que esto no ocurrió.
Los centros de tortura, como el Helicoide y otros lugares oscuros, deberían convertirse en museos de la memoria, espacios donde se conserven las fotografías, los instrumentos y las huellas de la barbarie que utilizaron para martillar, torturar y asesinar a padres de familia inocentes, simplemente por el hecho de levantar la voz. Estos museos no solo servirían para preservar la memoria histórica, sino también para educar a las futuras generaciones sobre los horrores del autoritarismo y la necesidad de defender siempre la dignidad humana y la justicia.
El día después de Nicolás Maduro y de todo lo que él representa, marcará apenas el comienzo de un largo y complejo proceso de reconstrucción nacional. Será el inicio de un periodo en el que, más allá de su fracaso y de la devastación que dejó, se enfrentará la ardua tarea de restaurar la coherencia, la justicia y la dignidad que este régimen socavó. Será un momento crucial para sanar las heridas profundas y dar paso a un futuro donde la ineptitud y la manipulación queden atrás, dejando espacio para un verdadero renacer de la nación. Para lograrlo, Venezuela necesitará liderazgos visionarios, apoyo internacional y una ciudadanía comprometida con la defensa de la democracia y que cumpla con la Ley. Aunque los desafíos son enormes, también lo es la esperanza de construir, desde las cenizas, a un país que sea justo, libre y próspero para las futuras generaciones. Este momento histórico representa una oportunidad única para imaginar el futuro de Venezuela sobre bases sólidas de justicia, equidad y libertad.
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