Durante más de 22 años desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002, el pueblo venezolano ha estado esperando justicia por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país. La responsabilidad de imputar a los culpables ha recaído sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y sus fiscales, incluyendo al actual, Karim Khan.
Luis Moreno Ocampo: desestimación de denuncias
Desde junio de 2003 hasta junio de 2012, Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la CPI, recibió múltiples denuncias contra Hugo Chávez Frías por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, estas denuncias fueron desestimadas, marcando un inicio de notoria inacción por parte de la CPI.
Fatou Bensouda: estrategia dilatoria
Al fallecimiento de Chávez, con la sucesión de Nicolás Maduro en 2013, Venezuela se sumergió en un periodo de protestas masivas y acusaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluyendo deportaciones forzosas, persecuciones, asesinatos, encarcelaciones y torturas. Aunque la fiscal Fatou Bensouda recibió denuncias desde 2014, no fue hasta el 8 de febrero de 2018 que abrió un examen preliminar, postergando acciones concretas. Pese a la solicitud de seis jefes de gobierno el 27 de septiembre de 2018 para investigar a Maduro, Bensouda no avanzó en las investigaciones y acusaciones requeridas.
Karim Khan: expectativas no cumplidas
Karim Khan asumió en junio de 2021, creando expectativas de una actuación diligente. Aunque abrió una investigación el 1 de noviembre de ese año tras reunirse con Nicolás Maduro en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, las tres posteriores visitas a Venezuela entre el año 2021 y 2024 y la falta de avances concretos han alimentado sospechas sobre su falta de imparcialidad. Las investigaciones no han progresado a la fase de encausamiento de Nicolás Maduro y su cadena de mando, lo cual se percibe como un retardo injustificado y una negligencia grave.
Justicia selectiva y discriminatoria en la CPI
La CPI ha actuado con mayor rapidez en otros conflictos internacionales recientes, como las guerras entre Rusia y Ucrania a partir del año 2022, e Israel y Palestina en 2023, así como las deportaciones forzosas de Myanmar a Bangladesh de 2016 y 2017 dejando en evidencia un trato discriminatorio hacia Venezuela. A pesar de los graves crímenes de guerra en el Alto Apure en marzo de 2021 y otras denuncias, la CPI no ha iniciado acciones similares a las emprendidas en otros casos señalados.
Conflictos de intereses personales
La cercanía profesional de Karim Khan con miembros de la defensa del Estado venezolano en la CPI incluyendo su cuñada Venkateswari Alagendra ha sido públicamente cuestionada, sugiriendo un posible conflicto de intereses que compromete su capacidad de actuar imparcialmente. Las conexiones familiares con el equipo de defensa venezolano demandan un examen cuidadoso para asegurar transparencia y equidad en el proceso.
Exigencia de transparencia y justicia
La falta de acciones efectivas en el caso Venezuela I, subraya la necesidad urgente de revisar la postura del fiscal Karim Khan, de acuerdo al artículo 46 del Estatuto de Roma, en concordancia con la regla 24 de procedimiento y prueba. Exigimos que el fiscal Karim Khan actúe diligentemente o se dispense y se separe de la causa, pues su retardo injustificado afecta a las víctimas y favorece a Nicolás Maduro y a los perpetradores de Crímenes atroces en Venezuela. Es crucial considerar su separación del caso Venezuela I para que otro fiscal, sin lazos cuestionables, pueda impartir justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas venezolanas que claman por ser escuchadas en la Corte Penal Internacional, para que ¡Haya Justicia en La Haya!
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