La convocatoria de este proceso electoral, a un mes de la aprobación de la reforma parcial de la ley respectiva, debe ser considerada y analizada a luz del nuevo contexto político generado por el fraude del 28 de julio en contra de la soberanía popular. Y del consecuente y lógico paso del régimen chavista de una especie de dictablanda a una dictadura pura y dura caracterizada por uno de los miembros más prominentes de la nomenclatura roja como Cívico-Militar-Policial con todo lo que esa caracterización supone y busca comunicar.
La elección de este domingo 15 de diciembre (a escasos cuatro meses del fraude) fue un fracaso en términos de participación ciudadana, al igual que el referéndum sobre el Esequibo del año pasado, porque la ciudadanía le vio “las patas al caballo” y no le reconoció legitimidad ni utilidad a esas convocatorias electorales.
Es impensable suponer que la dirigencia del régimen esperara otra cosa visto el enorme rechazo nacional que suscita. Por lo tanto, hay que referirse a los objetivos reales perseguidos que justifican la convocatoria.
El oficialismo está funcionando en modo búnker para tratar de recuperar musculatura orgánica, capacidad de movilización y fuerza para mantenerse en el poder y en el corto plazo garantizar que Maduro se juramente el 10 de enero. En ese sentido la materialización de la instancia de los Jueces de Paz contribuiría de la forma siguiente a los objetivos del continuismo: fortalecer la narrativa del paso de página y la normalización del país; crear un nuevo mecanismo de control social y represión de la disidencia; escalar la coacción y la intimidación; empoderar a parte de su militancia en sus localidades al conferirle la condición de jueces; movilizar y activar al aparato del PSUV (muy golpeado por los resultados reales del 28J) y aceitar su maquinaria para la movilización del 10 de enero y las convocatorias electorales previstas para el año 2025.
En definitiva, se trata de lo usual en los regímenes con vocación totalitaria: copar todos los espacios estatales y no estatales, secuestrarlos, pervertir su funcionamiento y subordinarlos al partido, en nuestro caso al PSUV. En vísperas del proceso comicial de marras un dirigente oficialista puntualizó que quienes resulten electos deben estar claros sobre cuáles intereses defender. Más claro imposible.
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