Movimiento Sumar quiere meter en las cuentas generales del Estado para 2025 la inversión del 1% del producto interior bruto (PIB) en vivienda. El partido liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca destinar esta cuantía a comprar inmuebles vacíos y construir nuevos para ampliar el parque público de vivienda: el objetivo principal del Ejecutivo en esta materia y ratificado en el acuerdo de Gobierno firmado antes de la investidura del presidente, Pedro Sánchez.
Esta petición se suma a las ya planteadas por Junts o ERC. Las negociaciones del Partido Socialista se mantienen bajo la máxima discreción para aprobar los Presupuestos de 2025. El horizonte es complejo, pero en Moncloa apurarán al máximo el plazo para poder aprobar unas nuevas cuentas.
La idea es hacerlo en marzo, como tarde, aunque el Ejecutivo trata de cubrirse las espaldas, reiterando que los presupuestos actuales, en caso de prorrogarse, fueron elaborados por el actual Ministerio de Hacienda. “No son heredados. Es importante recalcarlo”, ha asegurado la ministra portavoz y de Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno se comprometió a ampliar el parque público de vivienda, actualmente por debajo del 10%, hasta el 20%. Un objetivo que pretenden cumplir esta legislatura. Las dos formaciones del Ejecutivo están de acuerdo en que deben poner fin a la inflación que abrasa el mercado del alquiler. La edad de emancipación superó los 30 años en España hace dos años, según datos de Eurostat.
Estos datos sitúan al país como el cuarto con la edad de emancipación más avanzada de toda Europa. Y la situación no ha mejorado. Al contrario. Sumar ha propuesto distintas medidas que el PSOE ha ido aceptando, como aumentar los impuestos de los alquileres o regularlo en las zonas tensionadas.
Pero la gran medida pendiente es sacar al mercado más viviendas públicas que hace 40 años suponían más del 70% del total y ahora del 2,3%. Nueve puntos por debajo de la media europea —en algunos países comunitarios supera el 20%—. Es decir, que el Estado ofrezca inmuebles a un precio muy por debajo del mercado para compensar y tratar de revertir la tendencia alcista que ha inundado los arrendamientos.
El partido de Díaz ya obligó a subir impuestos —IVA e IRPF— al alquiler turístico. El Ministerio de Vivienda, en manos de los socialistas, aceptó, después de muchos choques, incluir la medida. Sumar llegó a amagar con votar en contra de los Presupuestos de su propio partido si no se cumplía esta condición. Ahora repita la misma estrategia con la inversión en vivienda para ampliar el parque público.
El partido ha declarado la vivienda como el tema principal que abordar y resolver. Fuentes de la dirección de Sumar confirman que se trata de un problema que afecta directamente a su electorado, habitualmente más joven que el de otras formaciones. Desde el Ministerio de Trabajo reconocen incluso que medidas como subir el salario mínimo pierden una enorme eficacia si los alquileres continúan desorbitados.
Todo ello en pleno bajón demoscópico de Sumar, que cae en todas las encuestas. En el partido consideran que se debe, precisamente, a la falta de medidas que resuelvan los problemas del día a día de los ciudadanos.
Una característica que, según analizan, definió el liderazgo de Díaz al frente de Trabajo en la pasada legislatura y le permitió superar los 30 escaños a pesar del enfrentamiento interno con Podemos.
