Según el investigador del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez, estas propuestas no solucionan el problema de fondo pero logran “atenuar la fragmentación” en el Parlamento. Hay coincidencias no obstante en que se debe sancionar a quienes renuncian a su colectividad.
La fragmentación en la composición del Congreso Nacional es un hecho. Según el Servicio Electoral, en el país existen 22 partidos políticos constituidos actualmente, mientras que hay otros cuatro en formación y tres en trámite de redacción de estatuto. Lo que significa que en las próximas elecciones en nuestro país podrían existir 29 colectividades. Un escenario que busca enfrentar y cambiar la reforma al sistema político.
Las propuestas que se discuten tanto en la Comisión de Constitución del Senado como en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas, a pesar del acuerdo transversal para reformar el sistema, tiene a los partidos políticos “más pequeños” en alerta.
La iniciativa que más adeptos gana es la discutida en el Senado (presentada por un grupo transversal de parlamentarios desde el PS hasta RN), la cuál tiene dos ejes fundamentales: un umbral del 5% y las sanciones ante el “discolaje”.
Durante la Comisión de Constitución del Senado, Claudia Pascual (PC) expresó sus dudas sobre la propuesta del umbral por cómo ésta “se conjuga en una democracia multipartidista”. “Creo en partidos fuertes que sean programáticos y no pragmáticos coyunturales”, sostuvo.
“Creo en las listas nacionales, en la votación por ideas, no por candidatos y candidatas, yo entiendo que hay perfiles, liderazgos que le dan una impronta pero que suma a tu idea. Entonces, es importante cómo se conjuga el porcentaje nacional con esos liderazgos más locales”, planteó la senadora oficialista.
De la mano con lo anterior, está el debate sobre el “discolaje”. Los expertos coinciden en que la denominada “ley antidíscolos” existente permitió sincerar esta práctica pero no evitarla en la realidad.
En esa línea, la iniciativa que se discute en el Senado propone sanciones para quienes renuncien a su partido como la pérdida del escaño. La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, insistió en que la única forma de combatir el llamado transfuguismo es con la cesación automática del cargo para quienes renuncien al partido por el que fueron electos.
Consultada al respecto, la legisladora argumentó sus razones para mostrarse a favor de esta drástica norma para sancionar las renuncias a partidos. “Creemos que esta medida es clave para fortalecer a los partidos políticos y, sobre todo, para respetar la voluntad de la ciudadanía”, expresó en primer lugar.
“Es importante recordar que cuando los ciudadanos votan por un candidato, lo hacen considerando no solo a la persona, sino también al partido al que pertenece. Sin embargo, hemos visto situaciones donde, una vez electo, el parlamentario renuncia a su partido o coalición para iniciar una carrera en solitario. Muchas veces esto ocurre por motivos personales o conflictos internos, lo que termina afectando gravemente a las colectividades políticas y fomentando un caudillismo que desvirtúa el sentido del voto”, advirtió Núñez.
La legisladora de RN enfatizó que las renuncias de parlamentarios a sus colectividades, lo que se ha dado en varias ocasiones en los últimos años, “no solo debilita a los partidos políticos, sino que también a la democracia misma”. Por ello, se hacen necesarias “sanciones más severas y ejemplares”.
Este lunes se revisaron, precisamente, ambos pilares de la propuesta parlamentaria bajo el análisis distintos centros de pensamiento. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el cientista político e investigador del Programa Político del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez, quién expuso ante el Senado, abordó los pro y los contra de los dos ejes.
Sobre el umbral del 5%, Ramírez especificó que la manera “más directa y eficaz” para combatir el problema de la fragmentación en el Congreso es con una reducción en la magnitud de los distritos, lo que disminuiría el número de parlamentarios electos por unidad electoral.
“En Chile tenemos 28 distritos en la Cámara de Diputados que eligen entre tres a ocho (parlamentarios). En la medida que aumentas la magnitud, disminuye el requisito”, explicó a nuestro medio. “Uno podría pensar en achicar los distritos a efecto, por ejemplo, de acercar la política a los ciudadanos, de que la gente sea capaz de reconocer quienes son sus diputados”.
No obstante, afirmó que no existe “piso político” para un cambio de esta magnitud, por lo que se optó por el umbral mínimo de acceso al escaño. Por ello, a su juicio, la barrera del 5% busca “que efectivamente los partidos políticos que estén expresados en el Congreso Nacional, que es la máxima instancia de deliberación democrática en un país, sean representativos de grandes corrientes de opinión o tendencias”.
“Por lo tanto, se asume que si, por ejemplo, un partido tiene una votación nacional del 3% o no es capaz de elegir 8 parlamentarios, esos partidos quedarían fuera”, complementó, señalando que si bien esta medida no soluciona del todo el problema de fondo, sí “logra atenuar el problema de la fragmentación”.
De fondo, también surge el debate sobre la representación de minorías que podrían verse afectadas con este nuevo sistema. “Es inherente a cualquier sistema electoral esa dualidad, en el sentido de intentar ponderar ese equilibrio entre la representatividad con la gobernabilidad que produce el sistema”, analizó Ramírez.
“Supongamos que el Congreso es un espejo prístino, que es capaz de replicar todas las tendencias políticas que existen en el país, eso va a tender a la fragmentación. Versus la otra visión que plantea de que ante la imposibilidad de que cada una de las tendencias se vean reflejadas, lo importante es que las más representativas sigan presentes a efectos de generar gobernabilidad. Eso quiere decir que no se produzca el estancamiento o la imposibilidad de lograr acuerdos”, prosiguió en su reflexión el investigador del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.
En tanto, sobre el discolaje, el cientista político coincidió en la necesidad de que existan sanciones, pero se distanció de la insistencia de parlamentarios de derecha respecto de la pérdida del escaño. Según Ramírez, aquello es una fórmula “propia de los sistemas de votación de lista cerrada”.
“Hay países donde la gente no vota por personas, vota por el partido. El partido nomina a los candidatos, incluso determina el orden en el que aparecen en la cédula electoral. No es el caso de Chile, donde las personas siempre han votado por persona y por lo tanto la votación es individual”, mencionó.
Esto abre como problema una “afectación a la representación”. “Porque la gente votó por esa persona no necesariamente porque haya sido militante de un partido político”, continuó Ramírez con su análisis.
Por eso, propusieron una serie de recomendaciones a la comisión de Constitución del Senado para avanzar en sanciones pero no “tan intensa”. Estas pasan por imposibilitar al parlamentario que renuncie a su partido a integrar un comité ni recibir la asignación de dicho comité, por un año en el caso de diputados y por dos años en el caso del Senado.
“Ese parlamentario va a quedar ‘aislado’, no va a poder participar de todas estas negociaciones y acuerdos administrativos, y a su vez va a haber una sanción económica, porque los parlamentarios reciben una asignación por trabajo que se canaliza a través de los comités”, cerró Ramírez.
