El de ayer no fue un buen día para el Ministerio de Sanidad de Mónica García ni para su partido, Sumar. Tanto la ministra como el socio minoritario del Gobierno habían hecho campaña en las últimas semanas para defender que el Sistema Nacional de Salud (SNS) estaba preparado para asumir el trasvase del millón y medio de personas (entre funcionarios civiles y beneficiarios) que actualmente reciben su asistencia sanitaria a través de Muface.
Sumar llegó incluso a presentar el pasado jueves ante la Mesa del Congreso una Proposición No de Ley, para integrar a los funcionarios públicos beneficiarios de Muface, Isfas y Mugeju en la sanidad pública.
A su juicio, las mutualidades de funcionarios son una "anomalía" que "produce desigualdades", "favorece la selección de riesgos" e "invisibiliza la práctica de trabajo de la Atención Primaria", tal y como argumentaban en el informe elaborado por Sanidad recientemente.
Sin embargo, la aprobación ayer por parte del Gobierno de las condiciones de la nueva licitación para la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface, con una subida de la prima del 33,5% en los próximos tres años (algo más del doble que en la anterior oferta, donde fue del 17,3%, y que quedó desierta) dejó claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha planteado en ningún momento dejar caer el modelo mutualista.
Al poco de que se conociera la noticia de la última propuesta del Ministerio para la Función Pública a las aseguradoras: 374 euros más de financiación por mutualista (un 40% más que en el anterior concierto) y un desembolso extra de 957 millones de euros, Mónica García publicó en su cuenta de X: "seguimos trabajando para que todos los españoles y las españolas, independientemente de dónde trabajen, puedan disfrutar de la mejor sanidad posible".
Un "zasca" en toda regla para expresar su rabia por haber sido desautorizada por el Gobierno en su intento de defender la capacidad del SNS para asumir el fin de las mutualidades.
García y su segundo, Javier Padilla, prácticamente se quedaron solos en la defensa de sus argumentos, ya que Función Pública obvió completamente la propuesta de Sanidad, cientos de miles de funcionarios se echaron a la calle el pasado sábado para defender la continuidad del modelo y [[LINK:INTERNO|||Article|||6761489a0f5b2a0008647a68|||las comunidades autónomas entonaron el «no en mi nombre» en el Pleno del Consejo Interterritorial del lunes,]] donde, además, afearon a la ministra y a Padilla por utilizar sus redes sociales por echar más leña al fuego y contribuir al clima de inseguridad que están viviendo la mayoría de los funcionarios ante la crisis de Muface.
Los que si les han apoyado han sido IU y Podemos, que ayer criticaron la decisión del Consejo de Ministros de lanzar una nueva licitación por casi el doble de la anterior.
"IU reprocha al PSOE haber perdido una oportunidad para cambiar el modelo y reforzar la sanidad pública” señalaron a desde el perfil oficial de la formación en la red social X. "Podía haber elegido reforzar el sistema público de salud, pero ha preferido invertir más de 4.400 millones - 957 más de lo invertido hasta ahora- en incrementar beneficios de aseguradoras privadas".
Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, recordó que la posición de su partido respecto a Muface es clara: "poner fin a la privatización sanitaria que supone este modelo".
Recordemos que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lleva desde octubre denunciando la indefensión a la que se enfrentan cientos de mutualistas que, debido a la incertidumbre sobre el concierto sanitario, han sufrido anulaciones, retrasos y suspensiones de citas e intervenciones quirúrgicas e incluso suspensión de tratamientos por algunas de las clínicas que ofrecen la asistencia.
La nueva propuesta del Gobierno ha sido considerada por el sindicato como "una buena noticia", pero piden "prudencia" hasta conocer el posicionamiento de las aseguradoras que actualmente prestan sus servicios en el concierto: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV Seguros.
Respecto a dicho posicionamiento, Adeslas manifestó ayer que van a esperar a la publicación de la propuesta en el BOE "para estudiar en detalle el concurso y decidir nuestra postura".
"Aun reconociendo el esfuerzo sobre la anterior licitación, está bastantes puntos porcentuales por debajo de la propuesta que hemos trasladado a la Administración donde, como siempre, hemos venido explicando que nuestro objetivo es dejar de asumir pérdidas. Además, hay que tener en cuenta que el convenio presentado por la Administración es a tres años, cuando, desde el primer momento, hemos reiterado que la nueva licitación debía ser a dos años máximo para evitar imprevistos y costes sobrevenidos, como ha sucedido con el convenio actual, con el que hemos tenido una experiencia muy negativa de grandes pérdidas", señalaron.
Algo que, probablemente, también sea un escollo para DKV Seguros que, tal y como adelantó LA RAZÓN, pidió un aumento del 40,6% en la prima en 2025, el único año de validez de su oferta.
Por último, Asisa, que fue la primera en opinar sobre la propuesta, puso el foco en valorar "el esfuerzo realizado a la administración". La compañía mostró así su intención de renovar "una vez que estudie el pliego y analice todos los factores que se plantean para el sistema de las mutuas".
