El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que sustituye por completo a una norma del año 1984 y que deriva del 'Plan de Acción por la Democracia'. El objetivo es garantizar el ejercicio de este derecho a los ciudadanos que se vean afectados por bulos e incluye, por primera vez, a los 'influencers'.
Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha comparecido junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El titular de la cartera de Justicia ha sido el encargado de desgranar los detalles de esta nueva normativa. "Queremos promover una mayor calidad en el debate público. Queremos facilitar y garantizar el Derecho a la Rectificación de los ciudadanos de nuestro país cuando se vean afectados por una información que sea falsa, que sea inexacta, que sea un bulo, que sea, en definitiva, una mentira", ha explicado, al tiempo que ha añadido que con la norma se van a "adaptar las circunstancias de la rectificación a un entorno digital" como es el actual, se van a agilizar "todos".
Para Bolaños, "será bueno también para que se amplifiquen las buenas prácticas de los medios de comunicación a otros que, en el día a día, con demasiada frecuencia publican hechos, informaciones que son inexactas o que son directamente falsas".
Según ha argumentado el ministro, "hace 40 años el ecosistema informativo, los sujetos que emitían información, la manera de rectificar o de solicitar la rectificación, incluso los medios técnicos que utilizaban los medios de comunicación, nada tienen que ver con los que hoy, en el año 2024, utilizan". "Es imprescindible modernizar, adaptar a la realidad del siglo XXI el Derecho a la Rectificación y también ser conscientes del impacto que está llevando a cabo en todas las democracias, en la española desde luego, pero también en las democracias europeas y de nuestro entorno, el impacto que tienen los bulos y las 'fake news' en el debate público y en general la democracia", ha añadido.
En concreto, Bolaños ha detallado que las dos innovaciones "claves" que contiene la nueva ley es que contempla las nuevas formas de información y de comunicación y, en segundo lugar, que introduce "ajustes para facilitar, para agilizar el Derecho a Rectificación por los ciudadanos que se vean afectados por una noticia que sea falsa o inexacta".
El anteproyecto de ley contiene, según ha indicado, siete artículos: el primer artículo habla del objeto y de los titulares del Derecho a la Rectificación, es decir, medios de comunicación, medios digitales y plataformas en línea o servicios equivalentes que difunden información, "en ocasiones con más alcance que medios de comunicación tradicional", según el ministro. Además, ha indicado que se amplía a las personas legitimadas que pueden ejercer el derecho, de tal manera que personas cercanas a ciudadanos que hayan fallecido y que hayan sufrido noticias falsas o que sufran después de su fallecimiento, noticias falsas, podrán ejercerlo.
Bolaños ha avanzado que el artículo 2 de la Ley se refiere al ejercicio precontencioso del derecho, es decir, de la comunicación que se enviará al medio de comunicación o a la plataforma; el artículo 3 habla de cómo ha de publicarse, en qué términos se ha de publicar, "por supuesto íntegramente, en un plazo muy breve, muy rápido, de manera gratuita y con algunas medidas que son específicas de entornos digitales y otras que tienen que ver más con plataformas en línea o con medios de comunicación tradicionales". Respecto a los últimos artículos de la ley, el ministro ha explicado que hablan del procedimiento judicial en caso de que no se satisfaga ese Derecho a la Rectificación.
Entre las novedades más relevantes que tiene el anteproyecto Bolaños ha destacado que se amplía el plazo para presentar la solicitud de rectificación de 7 a 10 días. "Hoy por hoy, la remisión del escrito de rectificación ha de ir dirigida necesariamente al director del medio de comunicación. Ese requisito, en la nueva ley, será potestativo", ha agregado.
La novedad "más importante" es que esta nueva ley habla de los usuarios relevantes de redes sociales ('influencers'), es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y redes sociales. "Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud", ha especificado.
El ministro ha detallado también que la norma suprime el requisito de la contestación por escrito de la demanda, de tal manera que "los trámites del juicio verbal continuarán y podrá ser mucho más rápida la sentencia judicial que reconozca el derecho a la rectificación".
En la actualidad, se debe publicar o difundir la rectificación. "En la nueva ley se establecen también medidas para que se incluya un aviso de que la información inexacta o falsa ha sido rectificada y que también, por supuesto, se pueda enlazar con la rectificación íntegra a la que tiene derecho el ciudadano que se vea afectado por una noticia falsa o inexacta", ha subrayado.
Además, todos los medios de comunicación y los usuarios de especial relevancia "deberán tener un mecanismo fácil y accesible para facilitar el derecho a la rectificación". "Hay novedades relevantes. Creo que facilitamos el derecho a la rectificación, creo que hacemos más difícil la vida a los que se dedican a mentir y a esparcir bulos cada día y, por tanto, es una buena noticia para la democracia que hoy aprobemos este anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Rectificación", ha defendido.
