Los últimos pasos hacia el resignificado Valle de Cuelgamuros que pretende el Gobierno están su recta final y con la mirada puesta en el 50 aniversario de la muerte de Franco. Moncloa quiere que sea un hecho tan significativo como la histórica exhumación que tuvo lugar el 24 de octubre de 2019, cuando los restos de Franco fueron trasladados al cementerio de Mingorrubio, según ha sabido LA RAZÓN.
Otorgar un nuevo estatus al Valle de los Caídos sería la traca final al centenar de actividades que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la semana pasada en [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/50-anos-muerte-franco-sanchez-enloquecido_20241210675882eb7337f20001bb8002.html|||una nueva edición del «Francomodín»]], la más importante cortina de humo hasta la fecha con la memoria histórica de fondo, que coincide con un rosario de comparecencias judiciales que tienen como protagonistas a su entorno familiar –su esposa y su mujer– y a miembros o exmiembros de su Ejecutivo y del PSOE.
Pero antes hay cuestiones fundamentales que resolver para culminar el proceso. Una tiene que ver con la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, así como la elaboración de un real decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave, en aplicación del artículo 54 de la Ley de Memoria Democrática, con la intención de convertirlo en un centro de interpretación. El recinto, donde descansan más de 30.000 víctimas de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, pasa a convertirse en un cementerio civil.
Otro punto clave es la desacralización del recinto religioso y el desahucio de la comunidad benedictina vía Consejo de Ministros, como ha declarado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Un punto «complicado», según la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), por la «vigencia de los acuerdos entre España y la Santa Sede».
El motivo principal de la visita de Pedro Sánchez al Papa Francisco en Roma el pasado octubre fue precisamente acelerar el proceso que atañe a la cuestión religiosa y presionar al Vaticano. La Santa Sede confía plenamente en la gestión que en este tema viene realizando el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid.
Mientras, los monjes del Valle aguardan acontecimientos con el prior, Santiago Cantera, al frente, en medio de un mutismo casi absoluto. Ha sido la tónica general en los últimos años, pero en los pasillos de Moncloa se llegó a afirmar sobre su expulsión que se lo habían «ganado a pulso después de su resistencia a la exhumación de Franco».
Los religiosos dependen de la Abadía de Solesmes (Francia), y el Arzobispado de Madrid –al que pertenece territorialmente la comunidad–, aseguró en su día que en todo caso los benedictinos serían trasladados a otros monasterios de la orden entre la veintena que hay en España, entre ellos el de Santa María del Paular en Madrid, el de Montserrat en Cataluña o el de Santo Domingo de Silos en Burgos.
En cualquier caso, la mudanza de los religiosos es otro desenlace que no parece fácil. «Todavía está por ver que puedan echar a los monjes, porque es un asunto que van a judicializar, se van a defender», apuntan fuentes cercanas a la veterana comunidad.
Todo forma parte de un plan cuyas líneas maestras están al alcance en internet. Moncloa lanzó una página web oficial para impulsar «una nueva mirada» al recinto en la que consultar la trayectoria de Cuelgamuros desde una óptica memorialista. El objetivo es «dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
